“Amnistía Internacional observa con preocupación la posibilidad de que la Ley de Memoria Histórica pueda ser un obstáculo para el “derecho a saber” de las víctimas. La organización ya ha criticado en numerosas ocasiones el hecho de que esta ley distancia las labores de investigación –necesarias para la localización de fosas, la exhumación y la identificación de restos– del sistema judicial en el que deberían enmarcarse según el derecho internacional. Justamente en el transcurso de una investigación judicial es donde se establecen las circunstancias en las que se cometieron los delitos, y es el lugar idóneo e insustituible donde proceder a la localización de fosas y a la exhumación de restos humanos”.
Esta sentencia, “que proviene de la más alta instancia jurisdiccional en España −salvando el Tribunal Constitucional− y que deben acatar los jueces españoles, reforzaría el argumento sostenido hasta ahora por la justicia española de que esta no es competente para investigar los crímenes de derecho internacional cometidos en España”.
Ante los impedimentos esgrimidos por las autoridades judiciales, “Amnistía Internacional llama la atención al Estado español sobre la imposibilidad de invocar las disposiciones de su derecho interno para sustraerse a las obligaciones de los tratados internacionales”.
LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD DEBEN SER INVESTIGADOS
Amnistía Internacional reafirma que “los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados dondequiera y cualesquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, y castigados se hallen o no reprimidos por la legislación interna”.
Sin embargo, Amnistía Internacional recuerda que la propia Ley de Memoria Histórica afirma expresamente en su disposición adicional segunda que “las previsiones de la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios”.
Por otro lado, Amnistía Internacional ha encontrado dificultades para acceder al estado procesal de los casos investigados.
La organización solicitó información sobre el estado de los procesos a 37 de los juzgados territoriales que asumieron la competencia transferida por la Audiencia Nacional, de los cuales solo cuatro han proporcionado la documentación requerida. Las autoridades superiores de justicia –excepto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco− también han denegado la información solicitada, alegando la ausencia de interés legítimo, el secreto sumarial y la Ley de Protección de Datos.
“Amnistía Internacional denuncia esta denegación de acceso a la información por parte de la justicia española, por vulnerar derechos humanos de la justicia penal, en concreto, que toda sentencia penal debe ser pública, el derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad, y el deber del Estado de recordar”.
PLAN SISTEMÁTICO PARA ATERRORIZAR A ESPAÑOLES POR SUS IDEAS POLÍTICAS
En su informe, AI hace un recorrido de la vía argentina para conseguir justicia. El 14 de octubre de 2010, el juzgado argentino se dirigió a las autoridades españolas preguntando si en España “se ha estado investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado y planificado” en aquel entonces “para aterrorizar a españoles por sus ideas políticas”. El 10 de junio de 2011, el Gobierno español remitió al juzgado argentino un informe de la Fiscalía General del Estado –de 6 de mayo de 2011–, afirmando que en España se habían abierto procesos judiciales en los juzgados territoriales sobre las denuncias de las que se declaró incompetente la Audiencia Nacional.
LA FISCALÍA MIENTE
“Amnistía Internacional considera que la respuesta del informe de la Fiscalía General del Estado de 6 de mayo de 2011, indicando que en España se están investigando crímenes de lesa humanidad, no se ajusta a la verdad de los hechos y, en consecuencia, es infundada. Los jueces españoles no han estado
investigando, como se desprende del archivo mayoritario de los casos y de los argumentos esgrimidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012, que declara que la investigación de estos crímenes no corresponde al Poder Judicial”.
LAS VÍCTIMAS ESTÁN EN TOTAL DESAMPARO
En sus conclusiones, el informe de AI es muy claro.
“Las víctimas se encuentran en una situación de total desamparo judicial porque:
a) la mayoría de las denuncias han sido archivadas sin ningún tipo de investigación;
b) no se les ha notificado a todas las partes interesadas qué juzgados asumían la competencia o desestimaban sus denuncias;
c) han quedado excluidas de las inhibiciones las denuncias de las
víctimas que no podían dar cuenta de la localización exacta de los
restos.
Amnistía Internacional observa con preocupación que el archivo
general de los casos se ha basado en criterios contrarios al derecho
internacional, que excluyen la posibilidad de investigar y juzgar estos
crímenes de derecho internacional, y que han sido confirmados por el
Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de febrero de 2012: una
incorrecta interpretación del principio de legalidad penal, la
prescripción, el fallecimiento de los culpables, la Ley de Amnistía y la
Ley de Memoria Histórica.
Amnistía Internacional considera que la cooperación judicial
penal, a través del principio de jurisdicción universal, es una vía
necesaria prevista por el derecho internacional para hacer efectivos el
derecho a la justicia de las víctimas y la obligación de los Estados de
investigar los crímenes de derecho internacional.
La justicia argentina está tramitando actualmente la querella
interpuesta por víctimas de los crímenes de la Guerra Civil y el
franquismo y, en opinión de Amnistía Internacional, debe continuar con
su investigación. La lucha contra la impunidad es un deber que incumbe a
la comunidad internacional en su conjunto y los Estados que deciden
juzgar esos crímenes en su territorio están actuando en interés del
género humano.
En opinión de la organización, la sentencia del Tribunal Supremo
de 27 de febrero de 2012 confirma la falta de voluntad de las
autoridades judiciales españolas de cumplir con sus obligaciones
internacionales. El Tribunal Supremo afirma que no corresponde al poder
judicial investigar tales crímenes sino a otros organismos del Estado,
rechazando así el derecho a la justicia y al recurso efectivo ante las
más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario. Es previsible que, tras años de archivo
sistemático por los juzgados territoriales, esta sentencia reafirme en
España la tendencia que ha prevalecido hasta ahora: la ausencia de
investigación y de recurso efectivo de los crímenes de la Guerra Civil y
el franquismo.
Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que la respuesta
del informe de la Fiscalía General del Estado de 6 de mayo de 2011, que
recoge que en España se están investigando crímenes de lesa humanidad,
no se ajusta a la verdad de los hechos y, por ende, es infundada. Los
jueces no han estado
investigando, y esta situación se ve confirmada por la sentencia
del Tribunal Supremo que afirma que la investigación de estos crímenes
no corresponde al Poder Judicial”.
Finalmente, Amnistía Internacional concluye que “España está incumpliendo el derecho internacional, que obliga a investigar crímenes de derecho internacional” y, en base a ello, formula las siguientes recomendaciones.
Al poder ejecutivo: “Iniciar el proceso de adhesión –sin reservas
o sin declaraciones interpretativas que pudieran constituir reservas– a
la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas”. Adoptar
medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los
órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la
imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, incluidas
las del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra
la Tortura.
Al poder legislativo, Amnistía Internacional recomienda: “Dar su
autorización con prontitud para la ratificación de la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad de Naciones Unidas. Adoptar medidas inmediatas para
aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en
relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los
crímenes de derecho internacional, incluidas las del Comité de Derechos
Humanos, el Consejo de Europa y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura”.
Y, al Poder judicial, Amnistía Internacional le dice que “está
obligado a aplicar el derecho internacional como parte del ordenamiento
jurídico cuya jerarquía es superior a toda norma interna”.
“Confirmar en sus fallos que los crímenes de derecho
internacional no se hallan sujetos ni a amnistía ni a prescripción,
cualquiera que sea el nomen iuris de tales crímenes en las leyes
españolas y cualquiera que haya sido la fecha de su comisión. Configurar
un sistema de centralización de la información de todos los
procedimientos de Guerra Civil y franquismo abiertos en la justicia
española”.
En particular, el Tribunal Supremo debería rectificar su fallo, y en consecuencia:
a) Realizar una interpretación del principio de legalidad conforme el derecho internacional;
b) Reconocer que corresponde a los jueces españoles –en concurrencia
con cualquier otro tribunal extranjero– investigar los crímenes contra
la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, ello sin
mengua de las investigaciones que, basadas en el principio de
jurisdicción universal, ya han sido promovidas en otros Estados.
En cuanto al Ministerio Público “debería de actuar de oficio para la investigación y persecución de crímenes o delitos graves de derecho internacional”.
A la justicia argentina, la organización internacional defensora de los derechos humanos insta a “Continuar la investigación sobre los crímenes o delitos de derecho internacional cometidos en España en el pasado, sin dilación”. En
particular, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 1 debería continuar atendiendo a la causa Nº 4.591/2010 (A12.447),
caratulada “N.N s/genocidio”, en la que se investiga la posible comisión
de hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad durante la Guerra
Civil española y el franquismo”.
