La Comuna hará público los nombres de torturadores y miembros del poder judicial del franquismo
Los
nombres de torturadores, de miembros de los últimos Consejos de
Ministros de Franco que dieron el aprobado a fusilamientos y los nombres
de los magistrados del Poder Judicial que han dado impunidad al
franquismo, es una de las tareas que se ha propuesto poner en marcha La
Comuna, una organización de ex presos y presas del franquismo.
Chato Galante, que fue condenado a 13
años de prisión y sólo cumplió tres, ha advertido este jueves que la
asociación tiene pensado hacer públicos los nombres de los
“torturadores” del franquismo y ha añadido que si todavía no los han
dado a conocer es porque creen que “hay muchos más”.
Galante se ha expresado así en una rueda de prensa ofrecida tras el regreso a Madrid de la delegación de ‘La Comuna’ que, recientemente, se ha desplazado a Buenos Aires (Argentina), junto con la organización vasca Goldatu, para comparecer ante la jueza María Servini de Cubría, que tramita la querella 4591/10 “N.N. genocidio”, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1. Junto a La Comuna, ya son cerca de una decena las asociaciones que se han sumado a la querella.
En esta comparecencia ante los medios de comunicación, Galante ha estado acompañado de Manuel Blanco Chivite, expreso antifranquista y miembro de ‘La Comuna’ y de la letrada Ana Messuti.
Manuel Blanco, quien fue condenado a pena de muerte y absuelto en septiembre de 1975, ha aclarado que durante la visita a Buenos Aires se ha presentado “una querella colectiva como asociación en los juzgados federales el día 23 de abril” además de “documentación, testimonios personales y 46 casos más de querellantes“. Entre la documentación presentada se encuentran los casos de Salvador Puig Antich, que fue ejecutado en 1974; el Proceso de Burgos y el de Humberto Baena Alonso, ejecutado por la dictadura franquista, aprobado por su Consejo de Ministros en donde se sentaba Manuel Fraga Iribarne, en 1975.
La propia jueza ha solicitado listados de nombres de funcionarios de prisiones, de jueces que actuaron en procesos que determinaron penas de muerte, miembros de tribunales que ejercieron al margen de la justicia, del ejército, de la policía y de la Guardia Civil. Por ello, Blanco ha señalado que, durante la visita a la capital argentina, se han facilitado los listados de “120 torturadores de la Brigada Policial Social“, de magistrados del Tribunal de Orden Público, de los miembros del Consejo de Guerra y Militar y también de los miembros del último Gobierno de Franco. “Muchos de ellos fallecidos pero muchos vivos“, ha recordado.
Por su parte, Messuti ha declarado que decir que Argentina “le está devolviendo el favor a España” es algo “superficial” pero “no falso” ya que sí existe “reciprocidad” y ha matizado que entre ambas sociedades existe un “vínculo” que se establece “cuando se trata de juzgar“.
“En Argentina se inicia la causa porque ambos éramos países del exilio. Argentina sabía muy bien lo que era la dictadura y España sabía muy bien lo que eran Las Madres de Plaza de Mayo (asociación que se formó durante el último gobierno militar de Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos). Había un vínculo muy importante. Existe una gran calma social respecto a eso lo que demuestra que todos estamos muy dispuestos a seguir apoyando a las víctimas del franquismo“, ha afirmado Messuti.
En este sentido, Messuti ha recordado que “existe un tratado de cooperación judicial entre España y Argentina” y ha manifestado que en el caso de que no hubiera cooperación “hay instancias internacionales a las que se puede recurrir“. “Esto no es un problema bilateral entre España y Argentina“, ha advertido.
La abogada, que aludió a la “memoria viva”, ha detallado cuál ha sido el proceso que se ha seguido para presentar el 14 de abril de 2010 la querella, que aporta continuidad temporal importante y que llevaba preparándose desde el año anterior. Así, ha puesto en valor la “disponibilidad de querellantes” como Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rei fusilado en 1936, e Inés García Holgado, sobrina de desaparecido.
Messuti –quien informó que ocho abogados trabajan en esto. 2 en España, Carlos Slepoy y ella misma y el resto en Buenos Aires- ha indicado que gracias a su colaboración se presentó “un escrito de 97 páginas“, en las que relataban su historia y se reproducían “muchos párrafos del auto” del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque “querían que se escuchara a Garzón en Argentina”. A esta denuncia se fueron sumando paulatinamente otros querellantes hasta sumar un total de 60, de los cuales 46 son ex presos políticos.
Para Messuti, la presentación de la querella ha dado estabilidad en el país latinoamericano y se aplica la proporcionalidad. “Si se juzga a una persona que ha robado un coche también se puede juzgar a un torturador”.
Durante la visita de la magistrada, Galante a asegurado que se llevará a cabo una “campaña unitaria de todas las organizaciones que están hoy en la querella y todas las que consideren necesario acabar con la impunidad del franquismo, se celebrarán actos en colegios y asociaciones y se harán colas a la puerta de la Embajada de Argentina”.
Galante ha afirmado que la nulidad de las sentencias es un paso fundamental en el camino de la reparación y ha dicho que hay que “plantearle a la gente que todo el mundo puede hacer algo contra la impunidad del franquismo” porque “que hay caso es una evidencia“.
“Me puedo encontrar en el metro con el que en los 70′ me torturó. Estuve durante 18 días seguidos cobrando. Se sustituían unos a otros porque se cansaban de pegar. Queremos que se sepa porque esa ignominia no ha sido todavía lavada“, ha concluido.
Galante se ha expresado así en una rueda de prensa ofrecida tras el regreso a Madrid de la delegación de ‘La Comuna’ que, recientemente, se ha desplazado a Buenos Aires (Argentina), junto con la organización vasca Goldatu, para comparecer ante la jueza María Servini de Cubría, que tramita la querella 4591/10 “N.N. genocidio”, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1. Junto a La Comuna, ya son cerca de una decena las asociaciones que se han sumado a la querella.
En esta comparecencia ante los medios de comunicación, Galante ha estado acompañado de Manuel Blanco Chivite, expreso antifranquista y miembro de ‘La Comuna’ y de la letrada Ana Messuti.
Manuel Blanco, quien fue condenado a pena de muerte y absuelto en septiembre de 1975, ha aclarado que durante la visita a Buenos Aires se ha presentado “una querella colectiva como asociación en los juzgados federales el día 23 de abril” además de “documentación, testimonios personales y 46 casos más de querellantes“. Entre la documentación presentada se encuentran los casos de Salvador Puig Antich, que fue ejecutado en 1974; el Proceso de Burgos y el de Humberto Baena Alonso, ejecutado por la dictadura franquista, aprobado por su Consejo de Ministros en donde se sentaba Manuel Fraga Iribarne, en 1975.
La propia jueza ha solicitado listados de nombres de funcionarios de prisiones, de jueces que actuaron en procesos que determinaron penas de muerte, miembros de tribunales que ejercieron al margen de la justicia, del ejército, de la policía y de la Guardia Civil. Por ello, Blanco ha señalado que, durante la visita a la capital argentina, se han facilitado los listados de “120 torturadores de la Brigada Policial Social“, de magistrados del Tribunal de Orden Público, de los miembros del Consejo de Guerra y Militar y también de los miembros del último Gobierno de Franco. “Muchos de ellos fallecidos pero muchos vivos“, ha recordado.
“LE ESTÁ DEVOLVIENDO EL FAVOR A ESPAÑA”
“En Argentina se inicia la causa porque ambos éramos países del exilio. Argentina sabía muy bien lo que era la dictadura y España sabía muy bien lo que eran Las Madres de Plaza de Mayo (asociación que se formó durante el último gobierno militar de Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos). Había un vínculo muy importante. Existe una gran calma social respecto a eso lo que demuestra que todos estamos muy dispuestos a seguir apoyando a las víctimas del franquismo“, ha afirmado Messuti.
En este sentido, Messuti ha recordado que “existe un tratado de cooperación judicial entre España y Argentina” y ha manifestado que en el caso de que no hubiera cooperación “hay instancias internacionales a las que se puede recurrir“. “Esto no es un problema bilateral entre España y Argentina“, ha advertido.
La abogada, que aludió a la “memoria viva”, ha detallado cuál ha sido el proceso que se ha seguido para presentar el 14 de abril de 2010 la querella, que aporta continuidad temporal importante y que llevaba preparándose desde el año anterior. Así, ha puesto en valor la “disponibilidad de querellantes” como Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rei fusilado en 1936, e Inés García Holgado, sobrina de desaparecido.
Messuti –quien informó que ocho abogados trabajan en esto. 2 en España, Carlos Slepoy y ella misma y el resto en Buenos Aires- ha indicado que gracias a su colaboración se presentó “un escrito de 97 páginas“, en las que relataban su historia y se reproducían “muchos párrafos del auto” del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque “querían que se escuchara a Garzón en Argentina”. A esta denuncia se fueron sumando paulatinamente otros querellantes hasta sumar un total de 60, de los cuales 46 son ex presos políticos.
Para Messuti, la presentación de la querella ha dado estabilidad en el país latinoamericano y se aplica la proporcionalidad. “Si se juzga a una persona que ha robado un coche también se puede juzgar a un torturador”.
SERVINI VISITARÁ ESPAÑA
Según ha adelantado Galante uno de los siguientes pasos en el
transcurso de la querella será la visita de Servini a España, momento en
el que la jueza tomará declaración a víctimas, visitará fosas comunes
–entres estas la de Málaga, en el cementerio de San Rafael, en la que
hay más de 4.800 cadáveres- y avanzará en sus investigaciones. Servini
hará un recorrido por España en el que destacan como destinos: la Cárcel
Modelo de Barcelona, el cementerio de Málaga, el Campo Santo de
Galicia, en realidad un campo de concentración, o el lugar dónde fue
ejecutado Federico García Lorca.Durante la visita de la magistrada, Galante a asegurado que se llevará a cabo una “campaña unitaria de todas las organizaciones que están hoy en la querella y todas las que consideren necesario acabar con la impunidad del franquismo, se celebrarán actos en colegios y asociaciones y se harán colas a la puerta de la Embajada de Argentina”.
Galante ha afirmado que la nulidad de las sentencias es un paso fundamental en el camino de la reparación y ha dicho que hay que “plantearle a la gente que todo el mundo puede hacer algo contra la impunidad del franquismo” porque “que hay caso es una evidencia“.
“Me puedo encontrar en el metro con el que en los 70′ me torturó. Estuve durante 18 días seguidos cobrando. Se sustituían unos a otros porque se cansaban de pegar. Queremos que se sepa porque esa ignominia no ha sido todavía lavada“, ha concluido.
