dimarts 26 de març de 2013

ABUELAS Y MADRES DE MAYO

La memoria, las villas, el ex juez Baltasar Garzón y Carlos Slepoy

Carlos SlepoyPor Eduardo Anguita en Infonews, Buenos Aires 26.03.13

La conmemoración del 24 de marzo como Día de la Memoria resultó, una vez más, un acontecimiento estremecedor. Además, se constata que hay cada vez mayor asistencia y que el promedio de edad de los asistentes es más bajo: el domingo hubo miles y miles de jóvenes que cursan el secundario o los primeros años de universidad. Además, había una apreciable cantidad de familias de barriadas populares encolumnadas tras las banderas de La Cámpora, el Movimiento Evita, Kolina, la Tupac Amaru y otras agrupaciones que adhieren a Unidos y Organizados. Los que llegaron a la Plaza de Mayo desde el Conurbano, dato muy importante, hace diez años eran los desocupados que reclamaban por bolsas de alimentos y hoy recuperaron el trabajo.

En ese acto, cuyo espíritu y nervio son las Madres y Abuelas, el dolor se junta con las murgas, con las actrices que hacían de estatuas representando a las Madres y con los miles que desfilamos con una pancarta donde está la foto de un ser querido que fue secuestrado y que, después de 37 años, seguimos buscando, queriendo saber quién lo detuvo, quién dio la orden y quién dispuso de su vida. Ese reclamo, que brota desde las gargantas desgarradas, nunca se acalló. En estos diez años, primero fue la determinación de Néstor Kirchner de arremeter contra los símbolos y personajes siniestros que pretendían la impunidad. Luego fue el debate parlamentario que derogó, tanto las leyes oprobiosas como los indultos. Y, en los últimos tres años, se sumó una contribución decisiva de la justicia, que dio celeridad a los expedientes y pudo desarmar las maniobras dilatorias de buena parte de los magistrados cómplices.

El documento elaborado por las organizaciones de Derechos Humanos y leído al cierre del acto, pone una vez más la lupa sobre la matriz económico social que destruyó la industria y fue funcional a la masacre. Por eso, con nombre y apellido, dieron casos de empresas de primera línea en cuyas plantas funcionaron grupos de tareas, la mayoría de las veces con uniforme militar, y que secuestraron e hicieron desaparecer a centenares de trabajadores. Un caso testigo es el de Carlos Blaquier, presidente de Ledesma, procesado finalmente por lo sucedido en Villa Libertador San Martín, Jujuy, conocido como “La noche del apagón”. El poder de Blaquier es tal que en estos últimos años logró que su empresa tuviera ayuda financiera preferencial otorgada nada menos que por el Banco Nación como parte de los llamados créditos del Bicentenario. Ledesma, además, resultó favorecida con el permiso de hacer biocombustibles. A la inauguración de esa actividad, apenas dos años atrás, asistieron ministros del Poder Ejecutivo, en cuya órbita funciona el Programa Nacional de Biocombustibles y es quien otorga las autorizaciones para operar en ese rubro. Federico Nicholson, número dos de Ledesma, es también el número dos de la actual conducción de la Unión Industrial Argentina, encabezada por José Ignacio de Mendiguren, quien tiene afinidad con el gobierno nacional. Nicholson y Blaquier publicaron días pasados avisos fúnebres tras la muerte del arquitecto del plan económico de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Esto no produjo ninguna incomodidad en la prensa conservadora que –es preciso reconocerlo– circula diez a uno en relación a los medios que quieren el cambio. Eso sí, esa prensa conservadora tiene poder de daño pero no tiene poder de convocatoria.

Los miles y miles (más de 100 mil en Plaza de Mayo) de concurrentes al acto del domingo leen y escuchan diarios, revistas y programas que no ocultan la verdad de esos años y que en muchos casos también albergan voces críticas a ciertas políticas o funcionarios del actual gobierno.
Esos medios conservadores quisieron desvirtuar la convocatoria alertando acerca de posibles “choques” en el acto. Vilma Ripoll –que se abrazó con Hugo Biolcati sin rubores durante las jornadas por la Resolución 125 hace cinco años– los días previos a la marcha salía a alertar que el gobierno preparaba la represión. No hubo –como siempre– presencia de policía en la Plaza ni choques de ningún tipo. Pero no faltaron, al día siguiente, las críticas, por ejemplo, a la Agrupación Kirchnerista de Izquierda, por la intervención que llamaron “Bajá tu propio cuadro” y ofrecían las fotos de dirigentes políticos o periodistas oportunistas y/o de derecha. Frente a la Catedral metropolitana, un grupo de militantes de esa agrupación representó a las figuras emblemáticas de aquel tiempo. Uno disfrazado de obispo, otro de marino, una joven con los ojos vendados y otra con un clarín en las manos. Esas expresiones escandalizan a los medios conservadores y a buena parte del medio pelo. No lo ven como arte. Quizá porque sea hecho por artistas que lo hacen por vocación y compromiso. Son los mismos sectores que festejan a artistas vanguardistas muy bien cotizados en el mercado.
Si actos como el del domingo, de profundo sentido pacífico y reparatorio, no son acompañados por sólidas campañas donde se sepa la verdad, no sólo del pasado sino del presente, respecto a quiénes son los dueños del poder económico, se corre el riesgo de desvirtuar el sentido profundo de la lucha emprendida en las gestas populares que buscaron un destino de igualdad en la sociedad argentina y que hoy son recordados muchos de ellos como víctimas del terrorismo de Estado.

Las nuevas generaciones de jóvenes que emergen hoy a la política así lo reclaman. El compromiso de quienes tienen cargos emanados de la voluntad popular y que están guiando esta etapa de la Argentina a un destino de justicia no puede pensarse con maquillajes respecto de quiénes tienen todavía grandes privilegios y altísima rentabilidad. Fueron las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas quienes dieron cuenta del documento del domingo. Es decir, Martha Vázquez, Estela de Carlotto y Lita Boitano, tres señoras de más de 80 años que dicen muy orgullosas las verdades que sus hijos enarbolaban en los fértiles y nvulsionados años setenta.

LAS VILLAS. La presencia de La Garganta Poderosa en estos últimos años en las actividades conmemorativas del golpe del ’76 adquiere un rol cada vez más protagónico. Graficaron con maestría la complicidad civil. En efecto, instalaron decenas de arquitos de fútbol en los alrededores de Plaza de Mayo y un integrante de La Garganta, disfrazado de juez – árbitro, invitaba a patear penales. Los arqueros tenían como máscara a los civiles más conspicuos de la dictadura. “Cómplices civiles a los penales” era la consigna que acompañó este acontecimiento artístico que indica con toda claridad dónde tienen que estar los criminales, incluyendo a los de corbata y sillón de ejecutivo. El costado que menos se conoce es que los protagonistas fueron cientos de pibes y pibas de las villas como la 1-11-14, la 20-24, la 31 o la Rodrigo Bueno. Esos pibes tienen sus asambleas y piden urbanización, derechos sociales básicos. Alguno se preguntará por qué tienen números en vez de nombres muchas de ellas. La explicación es tan sencilla como tenebrosa: la vieja Comisión Municipal de la Vivienda designaba los barrios humildes de villeros con las coordenadas de los planos catastrales. Tal como relataba Bernardo Verbitsky en Villa miseria también es América hace más de medio siglo, los asentamientos fueron el resultado de las migraciones internas en búsqueda de trabajo y mejor destino, replicando un modelo de despoblamiento rural propio del rol que jugaba América Latina para Estados Unidos a partir del llamado deterioro de los términos de intercambio que destruyó el tejido campesino y de producciones autóctonas al sur del río Bravo. Eso sí, al norte del Bravo, los farmers siempre tuvieron subsidios. En la cuna del liberalismo económico, la ley económica es distinta.

Pues bien, los habitantes de las villas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano, siempre tuvieron maneras de nombrar sus barrios y dieron cuenta de lo poco favorecidos que eran los terrenos a los cuales los empujaban: Las Ranas, Las Catonas, Las Latas, La Quema. Pero hay algo que no pudieron cambiar: la falta de registro de propiedad de sus propias casas. La perversa informalidad fue concebida por los civiles de las distintas dictaduras que siempre pensaron en el negocio inmobiliario y no en el derecho de los trabajadores y en el inalienable derecho a la propiedad, que cuando es de los pobres parece ser alienable para muchos. Por eso, durante el ’76 se produjo la erradicación forzosa, a punta de fusil y empuje de topadoras, en muchos de los barrios pobres. A 37 años del golpe, la situación es también dramática. Y no sólo en tierras gobernadas por Mauricio Macri sino en muchos barrios humildes del Conurbano. Es cierto que en algunos de ellos, tanto los intendentes como los funcionarios provinciales se ocuparon de armar un registro y entregar tierras fiscales, títulos de propiedad, además de acompañar algunos planes –pocos– de viviendas populares.

GARZÓN Y SLEPOY. Entre los cientos de momentos de confraternidad y emoción vividos en esa jornada, este cronista fue protagonista casual del encuentro de dos juristas que son expresión cabal de compromiso, capacidad y honestidad. Sobre el fin de la marcha, en la vereda del Café Tortoni, yo estaba junto a Carlos Slepoy, quien se desplaza en silla de ruedas pero no deja de dar batallas contra la impunidad. Slepoy lo hizo en los noventa en Madrid, ante la Audiencia Nacional de España por los crímenes cometidos en América latina en el juzgado de Baltasar Garzón y lo hace ahora tanto en los tribunales porteños como en los madrileños para que se inicien los juicios por los crímenes del franquismo. Mientras hablábamos, por Avenida de Mayo, de la mano de su esposa, caminaba el mismísimo Garzón. Me acerqué, y tras saludarlo, le dije: “Carli está allí.” Visiblemente emocionado, Garzón se acercó a abrazarlo. Iniciaron una conversación que duró un rato y propició que mucha gente se agolpara para vivarlos. Muchos sacaban fotos con sus teléfonos o cámaras simples. Por suerte, el fotógrafo profesional Walter Velázquez registró con precisión este encuentro.

Fue inevitable, para quien escribe estas líneas, recordar que mi primer encuentro con Garzón fue en su juzgado, citado para denunciar el secuestro de mi madre, Matilde Vara, ocurrido el 24 de julio de 1978. Inevitable fue quedar impactado por otra coincidencia: fue del Café Tortoni que se llevaron a Matilde a los golpes para meterla en un Falcon y que esa sea su última imagen con vida de la que sus hijos tuvimos información. Pero las extrañezas no terminaban: quien me asistió como letrado cuando fui a ver a Garzón fue mi amigo y compañero de años, Carlos Slepoy. Era la primera vez que un juez dejaba asentada la denuncia de la desaparición de mi madre. Corría 1997. Al año siguiente, no bien terminé La Voluntad, me interné en el relato de ese juicio apasionante y a principios de 2001, salía a las librerías Sano Juicio. Ahora, pasados los años, cuando caía este domingo tan intenso, mi hija Mathilde, que llevó durante toda la marcha la foto de su abuela Matilde, estaba cansada y reclamaba la vuelta a casa. Al día siguiente tenía que ir a la escuela.

LA JUDICATURA DEL ESTADO ESPAÑOL, A SERVICIO DEL MONARCO-FASCISMO

EL CORONEL MARTINEZ INGLES CONDENADO

Condenan a una multa de 6.480 euros al coronel Martínez Inglés por "injuriar" al Rey      
Condenan a una multa de 6.480 euros al coronel Martínez Inglés por "injuriar" al Rey

        
      
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a una multa de 6.480 euros al coronel retirado Amadeo Martínez Inglés por un delito de injurias graves a la Corona que cometió al escribir un artículo en el que contaba verdades sobre el ciudadano Juan Carlos de Borbón.
Agencias
Así consta en una sentencia notificada este jueves por el magistrado José María Vázquez Honrubia en la que, además, envía testimonio de la causa a los Juzgados Decanos de Madrid para que investiguen si el acusado pudo cometer una falta de uso público indebido del uniforme militar por acudir al juicio con la indumentaria de coronel.
Martínez Inglés, para el que la Fiscalía pidió una pena de un año y tres meses de cárcel, escribió un artículo que apareció el 12 de diciembre de 2011 en el periódico digital 'Canarias semanal' con el título '¿Por qué te callas ahora?'. En él criticaba la actuación del Rey ante las actividades que se le imputan a su yerno, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en el marco del 'caso Nóos', y cuestionaba que jefe del Estado hubiera acudido a un gran premio de Fórmula 1 utilizando un avión militar.
De igual modo, señalaba que don Juan Carlos creía "provenir del testículo derecho del emperador Carlomagno" cuando en realidad lo hace "de la pérfida bocamanga del genocida Franco" y aseguraba que es el "último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica". "Háblanos de todas las irregularidades y presuntos delitos cometidos por tu regia persona", pedía el coronel en el articulo antes de advertir al monarca de que "a todo cerdo le llega su San Martín". "A ti, y a toda tu familia y parentela más o menos cercana de enchufados, vagos y maleantes de toda laya, parece ser que está a punto de llegaros", agregaba.

"EXPRESIONES VEJATORIAS E INSULTANTES"

Vázquez Honrubia señala en la sentencia que sus manifestaciones no pueden emnarcarse en el derecho a la libertad de expresión por resultar "absolutamente vejatorias e insultantes" y ser "innecesarias y desmesuradas para transmitir la opinión o idea que se expone".
"La crítica a actuaciones o supuestas actuaciones reales puede ser amparada por la libertad de expresión, el insulto gratuito e innecesario no", señala la sentencia después de apuntar que "para manifestar el rechazo no es necesario vilipendiar al Rey hasta la desmesura de llamarle, entre otras cosas, cabrón, putero y borracho".
Durante el juicio, que se celebró el pasado 12 de marzo, Martínez Inglés adelantó que, si era condenado, recurriría al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que, a su juicio, "con toda seguridad" le dará la razón. "En ese artículo ni injurio ni calumnio al Rey. El Rey se calumnia e injuria solito. Yo lo único que cuento es las cosas que ha hecho el Rey y las cosas que están en la calle que lo sabe todo el mundo por los medios de comunicación", señaló.

AVANZA LA QUERELLA

Argentina contra los crímenes del franquismo

El abogado Carlos Slepoy recuerda cómo el exjuez pidió durante años la detención de militares argentinos hasta que le hicieron caso. El letrado espera que la iniciativa sortee las reticencias de las autoridades españoles para entregar a los posibles imputados

ANA DELICADOBuenos Aires21/03/2013
El abogado Carlos Slepoy.

El abogado Carlos Slepoy.

La causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes de la dictadura franquista sigue adelante. Carlos Slepoy, uno de los abogados que impulsa este proceso desde que comenzara el 14 de abril de 2010, viajó desde Madrid a Buenos Aires para reunirse con la jueza María Servini de Cubría, a cargo del caso.
El letrado pudo explicar cuáles son algunas de las iniciativas judiciales que de concretarse pondrían a España en una situación incómoda, al haberse negado a investigar por sí misma los delitos de lesa humanidad cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Para empezar, la querella argentina- a la que tuvo acceso Público-espera que Servini de Cubría promueva el procesamiento, con la consiguiente orden de detención internacional de nueve españoles (tres ex ministros, dos ex jueces y cuatro ex torturadores), entre los que se encuentra José Utrera Molina, el suegro del actual ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
"Son las primeras peticiones de imputación que realizamos", cuenta Carlos Slepoy a este diario. "Tenemos una expectativa importante de que la jueza lo acuerde así". En ese caso, Servini de Cubría daría una orden a Interpol para que los nueve acusados sean detenidos allá donde se estén. Las autoridades españolas tendrían entonces que trasladar este requerimiento a la Audiencia Nacional, que sería la responsable de autorizar la extradición.
"La causa va a poner aún más en evidencia a las instituciones y a la Justicia española"
Pero desde Argentina no se engañan y saben que es muy improbable que esto ocurra. "Tenemos la experiencia histórica del juicio que llevó adelante el juez Baltasar Garzón", reconoce Slepoy. "Él estuvo durante años pidiendo la detención y extradición de militares argentinos. Más aún, dictó un decreto planteando que no se iba a hacer ningún tipo de colaboración en esta materia. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando".
Y es aquí donde la reticencia de las autoridades españolas puede ser cada vez más difícil de mantener. En su día, y gracias a la intervención de Garzón, se pudo juzgar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, se detuvo al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y se obtuvo la extradición de México a España del ex represor argentino Ricardo Cavallo. "Además Garzón lanzó, a lo largo de los años, más de 300 órdenes internacionales de detención, hasta que finalmente un juez argentino detuvo a más de 40 militares, entre ellos los principales responsables de los crímenes de la dictadura argentina", recuerda el abogado.
La causa contra los delitos franquistas puede tener la misma trascendencia histórica. "Esto lo vemos como un proceso", reflexiona Slepoy. "Si estas peticiones se producen, va a haber muchos sectores en España que van a pedir que se hagan efectivas, incluso desde el Parlamento". Además del respaldo de 60 asociaciones de toda España, existe un listado de mociones realizadas desde diversos ayuntamientos, sobre todo del País Vasco, que se han pronunciado a favor de la querella. "Nos han llegado también cartas de alcaldes que hemos remitido a la jueza, como el de Guernica o el de San Sebastián, que apoyan a la magistrada y que anuncian su disposición a recibirla", añade el letrado argentino.

Acciones concretas

Esta causa reúne a más de 150 querellas particulares y el propósito es que se multipliquen. Según ha comentado la misma Servini de Cubría, se prevé que a mediados de abril comiencen las primeras videoconferencias entre ella y unos 20 denunciantes, "que son los primeros indicados para dar sus testimonios por abarcar un espectro muy amplio de los sectores de la represión franquista: niños robados, presos políticos, fusilados, desaparecidos, víctimas de trabajo esclavo y asesinados en manifestaciones", detalla Slepoy.
"Son las primeras peticiones de imputación que realizamos"
Estos testimonios entrarán en consonancia con todo el universo de personas reprimidas durante la dictadura. Pero las iniciativas no terminan aquí. "Planteamos la necesidad de que por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina se den instrucciones a los cónsules argentinos de distintos lugares del mundo para que reciban denuncias, y que las personas que las hagan se beneficien de la exención de tasas judiciales", revela el abogado.
Son los mismos beneficios que tienen ahora las víctimas de la dictadura argentina. "Los cónsules tienen la directiva de tomarles declaración gratuitamente, y remiten luego sus testimonios", cuenta Slepoy. "Tengamos en cuenta que hay muchas víctimas no sólo en España sino también en otros países del mundo. Esto universalizaría el procedimiento".

Una vergüenza para España

Pese a estos avances, la duda vuelve a surgir: ¿y si España no colabora? Argentina y Chile también se mostraron reacios a juzgar sus dictaduras en un comienzo, pero se abrió un canal internacional por el que las propias víctimas pudieron denunciar los delitos.
"Esto ejerce una enorme presión dentro de la sociedad al crearse la sensación de que el único refugio que tienen es el propio país en el que cometieron el crimen", observa el letrado. De modo que la causa que ahora se promueve desde Argentina bajo el principio de jurisdicción universal "va a poner aún más en evidencia a las instituciones y a la Justicia española, que no sólo se niega a juzgarlos en el mismo país, sino que impide que se lo juzgue desde otro".
Ya lo dijo el fiscal Luis Navajas cuando Garzón fue querellado en España por intentar investigar los crímenes del franquismo, y lo repite ahora el abogado argentino. "Esto es una vergüenza muy grande para España, como lo fue para Argentina y Chile en su momento. Lo que está haciendo la Justicia argentina está ajustado al derecho internacional. Si las extradiciones no se producen, no se podrá entrar al país por la fuerza, pero sí se podrá ejercer una gran presión. Por otro lado, si cualquiera de los nueve acusados sale de España, correría el riesgo de ser detenido por Interpol. Por eso esta acción es parte de un proceso que será largo, pero no deja de ser un eslabón muy importante".
PUBLICO

ULTIMAS NOTICIAS DE NUESTRA QUERRELLA

Queridos compañeros: Ahora que ha amainado la actividad y se han cumplido en los esencial los objetivos que teníamos propuestos les escribimos para saludarlos y ratificarles personalmente lo que ya se habrán enterado a través de los medios de comunicación.

En síntesis, tuvimos, junto a los abogados que trabajan desde Bs.As., entrevistas con la jueza a cargo del procedimiento. En las mismas hablamos sobre las video conferencias; le entregamos un dossier con un informe sobre las actividades de la red; mociones diversas de ayuntamientos en apoyo a la querella y condena la franquismo; una solicitud para que el Mº de Realciones Exteriores de Argentina imparta instrucciones a los cónsules de todos los países del mundo para que reciban denuncias y testimonios de víctimas en forma gratuita, como modo de universalizar el procedimiento, y las remitan al juzgado y un escrito pidiendo imputaciones y el dictado de órdenes internacionales de detención. Recibió todos estos pedidos con beneplácito y manifestó una clara voluntad de avanzar en la causa.

A tal efecto ya dispuso que las video conferencias se realizarán a fines de abril y principios de mayo. Habíamos presentado a principio de diciembre de 2012 una lista de 20 posibles declarantes. En esta primera etapa ha dispuesto tomar declaración a 12 personas durante cuatro días a razón de tres por día. Las ocho restantes, así como las que vayamos proponiendo en el futuro, declararán posteriormente. Tendremos entonces, necesariamente, que seleccionar a quienes vayan a declarar ahora. Hay 5 personas, del listado de 20 que habíamos presentado, que son víctimas o testigos de los crímenes cometidos por aquellos respecto de los cuales pedimos las órdenes de detención y extradición. Es fundamental que éstas declaren en esta primera etapa porque puede ser la antesala -y creemos que lo va a ser- de los pedidos de detención. Las otras siete tienen que ser representativas de los distintos sectores afectados: familiares de desaparecidos y asesinados en el primer período del franquismo,familiares de niños robados durante toda la dictadura, familiares de asesinados en actos o manifestaciones, víctimas de trabajo esclavo, torturados, etc. Como los tiempos apremian esto debemos resolverlo con prontitud por lo cual, y si les parece correcto, asumiremos la tarea de elegir a estos primeros doce declarantes.

De lo que hemos sintentizado les daremos debida cuenta en una asamblea de la red en cuanto volvamos a España (Ana el 8 de abril, Carlos el 10). Quizá sería bueno que ustedes se reunan previamente para que vayan avanzado sobre los puntos que estimen esenciales.

Como reiteramos cada vez que hablamos, sin ustedes esta querella no existiría. Nos enorgullece ser sus abogados. Un fuerte abrazo. Ana y Carlos.
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PROHIBIDA LA MARCHA ATEA

Delegación del Gobierno de Madrid vuelve a prohibir la marcha atea
Documento con fecha sábado, 23 de marzo de 2013.              
         

La Delegación del Gobierno no ha concedido autorización para la celebración de la marcha ´atea´ solicitada para el jueves 28 de marzo, Jueves Santo, en Madrid dado que se efectuó fuera del plazo establecido, algo que los promotores niegan y estudian la posibilidad de mantener la convocatoria pese a no tener permiso.
La marcha había sido solicitada por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) con un recorrido a realizar horas durante dos horas (cuyo inicio era fijado a las 20 horas) entre Tirso de Molina y la Plaza de Lavapiés.
La resolución de Delegación del Gobierno recuerda que la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión establece que las manifestaciones en lugares de tránsito público deben ser comunicadas con una antelación de diez días naturales, como mínimo, y treinta como máximo.
En este sentido y como el escrito de petición fue recibido el 19 de marzo, no se ha concedido la autorización para la marcha dado que, además, no se ha aludido a criterios de urgencia o causas extraordinarias. Concretamente, esa posibilidad establece que cuando concurran esas circunstancias de urgencia la comunicación podrá efectuarse con una antelación mínima de 24 horas de duración.
"En el presente caso no se ha cumplido el plazo establecido con carácter general por la Ley Orgánica de referencia, ni se han alegado, y en consecuencia no cabe presumir, las causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y posibilitarían, en su caso, la exceptuación del plazo general de preaviso", expone la resolución.

ACTUACIÓN "ANTIDEMOCRÁTICA"
Por su parte, el presidente de AMAL, Luis Vega, ha asegurado que la decisión de Delegación del Gobierno "como mínimo es errónea", al sostener que la petición se hizo en plazo, y ha acusado al departamento que dirige Cristina Cifuentes de actuar de forma "unilateral, antidemocrática e incluso con posibilidades de ilegalidad" en contra del derecho de expresión y manifestación.
Vega ha recalcado que la Delegación del Gobierno emplea "tecnicismos" y "argucias legales" para intentar prohibir esta marcha "por tercer año consecutivo", a la vez que ha avanzado que interpondrá ante la propia Delegación un recurso para que rectifique su postura.
En este sentido, el presidente de AMAL ha dicho que su escrito de solicitud se registró el 18 pero que, incluso tomando como referencia el día 19, se cumpliría el plazo de antelación de diez días dado que se presentó por la mañana y la manifestación estaba previsto para las 20 horas.
Además, Vega ha reprochado a la Delegación que se convierta en "juez y parte" al manifestar que la citada manifestación "no es urgente", a la vez que ha indicado que su asociación tiene la voluntad de mantener la manifestación dado que, "por encima de cualquier argucia legal", está el derecho de libertad de expresión y manifestación. "Se impone de nuevo el yugo de la Iglesia Católica en un Estado que supuestamente es aconfesional", ha apostillado.
cartel manifestacion atea 2013