divendres, 7 de juny del 2013

“El obstáculo para juzgar el franquismo en España no es judicial, sino político”

Carlos Slepoy
Carlos Slepoy es, para muchos, un letrado entregado a la justicia, a la memoria, a la reparación. Conoce la naturaleza de las dictaduras. En 1976 él mismo fue encarcelado, dos semanas antes del golpe de Estado. Pasó por varias prisiones y sufrió maltratos antes de ser condenado al exilio a finales de 1977, cuando se vino a España. Por el camino se quedaron muchos compañeros muertos.
“En el equipo jurídico que habíamos creado antes de que me arrestaran éramos doce abogados. Cinco están desaparecidos. Y solo éramos abogados… Mi hermana y mi mujer de entonces fueron detenidas en centros clandestinos. Sobrevivieron de milagro. Pero mi hermana quedó muy marcada, la machacaron”, relata.
A finales de los noventa, en España, actuó como abogado de la acusación popular en los juicios contra el exdictador Videla y otros miembros de la dictadura argentina. Jugó un papel fundamental en el juicio contra el exmilitar Adolfo Scilingo, a quien la justicia española condenó a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.
También participó en el proceso contra el excapitán argentino Ricardo Cavallo, y estuvo involucrado en los procesos abiertos en España contra el exdictador chileno Augusto Pinochet y contra el exdictador de Guatemala Ríos Montt.
La justicia española que llevó todos estos casos no ha servido sin embargo para impulsar un juicio contra los crímenes del franquismo.

Por eso en el año 2010, y en concreto el 14 de abril, día de la República, Slepoy regresó a Buenos Aires para presentar junto con otros abogados y varias organizaciones una querella para que se juzguen los crímenes de la dictadura española. Entre los demandantes hay familiares de víctimas, asociaciones de de derechos humanos y de memoria histórica.
Entre los imputados hay más de 300 responsables de la represión franquista, el ex ministro Rodolfo Martín Villa por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria, José Utrera Molina (suegro de Alberto Ruiz Gallardón) por firmar la condena de Puig Antich o Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, torturador de la Brigada Político Social, entre otros.
Hace unos días la jueza argentina que lleva el caso en Buenos Aires, María Servini, iba a tomar declaración a algunos testigos y familiares de crímenes del franquismo, a través de videoconferencias en la embajada argentina de Madrid. Pero en el último momento el acto se suspendió. El gobierno español había presentado una queja al embajador argentino asegurando que no se habían llevado a cabo los procedimientos adecuados.
Slepoy nos recibe en su casa de Madrid, rodeado de documentos, papeles y cartas con nuevas demandas de gente que desea adherirse a esta querella argentina contra los crímenes del franquismo.
Pregunta: ¿Qué pasó realmente con esas videoconferencias?
R: Estaba todo preparado, los equipos, los testigos. Ese primer día iba a declarar la hermana de Puig Antich, por ejemplo, que vino de Barcelona para hacerlo. El gobierno español presionó para que se suspendieran las videoconferencias diciendo que se necesitaba un permiso, cuando en realidad se hacen videoconferencias continuamente. Ahora mismo por ejemplo hay previstas por el juicio por el Plan Condor videoconferencias con Montevideo, Estocolmo y Barcelona. En ningún caso a nadie se le ocurre pedir permiso a los gobiernos respectivos. Ese permiso solo es preciso en caso de asistencia judicial, pero no para los casos en que los testigos se someten voluntariamente a la jurisdicción del país.
¿Entonces?
El problema es que estamos ante los crímenes del franquismo. El gobierno español no puede soportar que en Madrid declaren testigos ante una jueza argentina cuando no los dejaron declarar aquí ante un juez español. Por eso está presionando y por eso ha puesto trabas para que declaren los testigos.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Está previsto que declare en Buenos Aires Baltasar Garzón, en un principio estaba citado para la próxima semana. Además hay un grupo de familiares y testigos que quieren viajar a Argentina para declarar ante la jueza, están frustrados por no haberlo podido hacer aquí por videoconferencia. Aún no nos han dado fechas para ese viaje, a pesar de que las pruebas ya están, están las pruebas, están los testigos. A Buenos Aires irán también algunos diputados y alcaldes que han mostrado su apoyo.
¿Quién se puede sumar a la querella?
Familiares, testigos, organizaciones, etc. Casi todos los días nos llega alguien nuevo queriéndose sumar. A medida que esto crece, hay más gente que se quiere apuntar. La gente de las redes de apoyo creadas ayudan mucho, les hemos dado documentos-plantilla y ellos se encargan, de ese modo la tarea de los abogados es de supervisión, si no no daríamos abasto.
¿En qué se basa la querella?
En los principios de jurisdicción universal, por los que las leyes de amnistía no tienen validez ante crímenes contra la humanidad o por genocidio. Que se presente en Argentina tiene ventajas. En primer lugar, no encontrarse con los obstáculos políticos con los que se encontró el proceso en España. Además, en Argentina ya se están juzgando crímenes contra la humanidad y por genocidio, y se está haciendo gracias al aporte sustancial de las investigaciones en España, lo que es una tremenda paradoja.
¿Cómo se pueden calificar los delitos cometidos por los golpistas y en la dictadura durante el periodo que abarca la querella presentada, desde 1936 hasta 1977?
La investigación de la Audiencia Nacional española estableció que hubo unos 114.000 desaparecidos. Luego se sumaron más. Sólo desaparecidos. A ellos hay que añadir asesinados, 500.000 exiliados. Y 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad. Hubo una clara planificación estudiada para perseguir y eliminar a determinados grupos de la sociedad para dar origen a otro país diferente. Y lo consiguieron en gran medida. Eso es un genocidio. En España se dio uno de los peores genocidios del siglo XX.
La querella argentina también investiga el robo de niños en España
Sí. Solo en la primera época, hasta el año 1950, en España hubo 30.000 niños apropiados a través de decretos que legalizaban su apropiación quitándoselos a las madres republicanas de las cárceles para dárselos a instituciones del Estado o a familias afines al régimen. Pero esto luego continuó. El daño es incalculable, y ha estado tapado…
No se estudia en las escuelas…
Claro. En Madrid hay más de 200 calles con nombres de dirigentes franquistas. Recientemente se ha entragado un galardón a los supervivientes de la División Azul, y se desconoce la historia, no hay memoria. La razón de todo esto tiene que ver con la historia. El franquismo triunfó, fue consentido y apoyado después por las potencias occidentales. Y las fuerzas políticas lamentablemente pactaron una transición que implicaba no solo la impunidad, sino el olvido más absoluto. No se enseña la historia. En Argentina sí, los niños en la escuela estudian lo que pasó en la dictadura.
¿A qué responde este olvido?
En España lo que se pretende con este olvido es construir el futuro que los represores quieren que se construya y no un futuro de justicia. Y hay una responsabilidad de las fuerzas progresistas de haber construido y pactado esto.
Esta semana se planteó en el Parlamento votar y aprobar un día contra el franquismo, el 18 de julio. El PP se opuso, UPyD se abstuvo, y no salió adelante…¿Cómo valora este hecho?
Tiene que ver con esta historia tan manejada de la teoría de los dos demonios, que también se usó en Argentina, pero ahora ya es impensable allá, es el discurso que sostiene que aquí hubo dos bandos, que dice que si se condena a unos habría que condenar a otros, situándolos al mismo nivel, en plena equidistancia. Y así obvian que se trató de un golpe militar contra un gobierno legítimo que además planificó un exterminio, cometió un genocidio, una palabra que empieza a usarse ahora.
¿Por qué cree que no son partidarios de establecer un día contra el franquismo?
No lo quieren porque son herederos ideológicos – y en algunos casos físicos- del franquismo y del tipo de democracia que se ha creado en España, que ha obviado la persecución de estos crímenes. Es una democracia absolutamente mutilada. Una democracia en la que no hay justicia para resolver crímenes no merece tal nombre. Este mismo gobierno está permanentemente en la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA y no quiere reconocer algo infinitamente más grave, cuantitativamente y sobre todo porque fue cometido desde el Estado.
En este sentido hay una pervivencia de la dictadura dentro de la democracia y el Estado y el gobierno son sus exponentes. Saben que cualquier cosa que implique el conocimiento de la verdad y el ejercicio de la memoria es una fisura que se abre para que se profundice más en lo ocurrido… Por eso mismo el gobierno español se ha puesto a las videoconferencias.
Usted ha vivido los procesos contra la dictadura argentina y la española. ¿Cómo compara la actuación de la justicia en un lado y otro?
En Argentina también hubo gran presión contra la investigación, con las leyes de punto final y obediencia debida, pero existía una sociedad muy convulsionada y pujante en ese momento. Mientras que acá hubo un pacto de las fuerzas herederas de las víctimas con los herederos del franquismo, que ha dificultado enormemente todo. Pero ahora algunas de esas fuerzas hoy están presionando y apoyando esta querella argentina para que se haga justicia.
Los tiempos también son diferentes….
En Argentina hubo siete años de dictadura, acá hubo 40 años de dictadura y 37 de olvido consensuado, por lo tanto cuesta mucho acabar con ello. El proceso se inicia hace poco más de diez años, cuando los nietos comienzan a buscar los cuerpos de sus abuelos. Ese movimiento por la memoria  fue potenciado por las investigaciones del juez Garzón. Y así hoy existen 24 asociaciones de niños robados, organizaciones de presos políticos de la última etapa del franquismo, denuncias del trabajo esclavo y forzado. Se está generando un movimiento que yo creo que va acabar con la impunidad del franquismo más tarde o más temprano. Y en este sentido la actuación de los tribunales extranjeros tiene un papel fundamental.
¿Y el hecho de que aquí haya una ley de amnistía?
También en Argentina hubo las leyes de punto final y obediencia debida, votadas por la mayoría parlamentaria. Allí un juez podía decretar su inconstitucionalidad. Aquí un juez no puede hacer eso, lo tendría que plantear ante el Tribunal Constitucional, pero sí puede decir que esa ley es inaplicable por el derecho internacional. Es decir, un juez español que se atreviera, podría establecer que la ley de amnistía es inaplicable y yo creo que en algún momento eso va a ocurrir, empezará a haber jueces que se atrevan, porque la ley de amnistía no puede amparar crímenes contra la humanidad. No hay ningún obstáculo judicial, el obstáculo es absolutamente político.
¿Cómo valora la sentencia del Supremo que establece que no se pueden investigar los crímenes del franquismo?
 Dice que no se pueden investigar porque si bien ahora son crímenes contra la humanidad no lo eran en su momento de su realización. La otra argumentación dice que se supone que todos están muertos, tanto víctimas como victimarios. Esto es absurdo. Acaban de meter preso en Alemania a un nazi de las SS de campos de concentración como el de Auschwitz con 92 años de edad, por hecho cometidos en 1941.
Otra de las excusas que se esgrimen a menudo es que la búsqueda de la verdad y la justicia abren heridas, provocan confrontación y división.
Son los argumentos de quienes quieren el olvido y la impunidad. Las sociedades sin memoria no pueden construir ningún futuro porque se les niega el conocimiento del pasado. Las heridas están absolutamente abiertas, otra cosa es que se les niegue visibilidad. Es muy cómodo decir en nombre de las víctimas que no hay que reabrir heridas. La víctima sí tiene las heridas abiertas. En el caso de España la mayor parte de la gente fue condenada por auxilio a la rebelión: Los que se rebelaron a través de un golpe de Estado condenan a los otros por auxilio a la rebelión, es increíble.
Usted vivió cárcel y maltratos en Argentina
Sí. Tuve suerte de que me arrestaran dos semanas antes del golpe de Estado, estuve en una cárcel legal, no en un centro clandestino de donde casi nadie salía, aquello sí que era terrible. En Argentina la gente sabía que iba a ser objeto de una represión feroz pero nunca nos imaginamos lo que iba a suceder con tanto horror, nunca imaginamos semejante magnitud….
El pasado año fue testigo en el juicio contra sus carceleros..
Sí. Fue una reparación, han sido juzgados. Nos golpeaban a menudo, recuerdo una vez que nos desnudaron, nos pusieron en fila india y nos golpearon, eso se repetía, nos enviaban al calabozo por nada, y a algunos les aplicaron la ley de fugas, los sacaban de la prisión y aparecían muertos. Pero nada comparable a las cárceles ilegales.
Su experiencia vital explica su dedicación profesional…
Bueno, a uno la vida le va marcando, si yo no hubiera tenido las experiencias vitales que tuve posiblemente no me habría dedicado a esto. También están las casualidades, participé en el proceso contra Pinochet porque estaba en España, si me hubiera exiliado a Francia, no habría podido. La vida de una persona, su memoria [sonríe haciendo hincapié en la palabra memoria], influye mucho para lo que hace.
Supongo que necesita una gran energía porque las frustraciones son muchas….
No siento que tenga una especial energía. Mi motivación es muy grande porque me ha quedado esa idea de que hay que combatir los crímenes masivos… Me siento muy identificado con la causa de los derechos humanos. Pero como todo el mundo, tengo muchos sinsabores en estas historias. Aún así, en la medida en que uno siente que aporta, no necesita una especial cuota de energía.
¿Cómo valora que Videla muriera en la cárcel?
Su muerte me es absolutamente indiferente, pero que haya muerto preso me parece un símbolo muy importante. No hay precedentes de un dictador de este tipo que haya muerto en la cárcel.  La verdad es que Argentina es un ejemplo para este tipo de asuntos, lo cual no significa que las leyes allá sean maravillosas. Hay 376 condenados y más de mil procesados. Si se compara con el número de responsables, siguen siendo muy pocos, pero comparado con otros países es un enorme logro, un ejemplo.