Cuatro ex presos políticos de
la dictadura de Francisco Franco en España ratificaron sus denuncias
por delitos de lesa humanidad cometidos en su contra, en
la causa abierta en Argentina a cargo de la jueza federal María
Servini de Cubría, que implica el primer caso de aplicación de justicia
universal en el país.
A partir de esta situación, además, se confirmó que la jueza Servini de Cubría proyecta viajar a España a mitad de año para
recabar más testimonios.
La justicia universal es la aplicación extraterritorial de la ley penal para crímenes graves como los que juzga el Tribunal Internacional de La
Haya y que aplicó el ahora removido juez español, Baltazar Garzón, cuando hizo detener en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet
y también juzgó en ausencia a los responsables de los crímenes de la Esma, recién ahora condenados por tribunales argentinos.
“Se abrió una grieta en un muro de
impunidad del franquismo instituido en nuestro país, apoyado por la
judicatura de allí y los medios que aplaudían que la justicia
española interviniera a nivel internacional pero se negara a
levantar la alfombra y ver que había debajo en nuestro país”, explicó a Télam José María Galante Serrano,
uno de los cuatro españoles que ratificó la denuncia y pide sumarse como querellante en el caso.
La causa por los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco se abrió en el país en el 2010, pero fue cerrada por Servini al entender que el
país no tenía jurisdicción para intervenir.
Sin embargo se reabrió por orden de la Cámara Federal porteña en base al principio de “justicia universal”, por entender que los crímenes no habían
sido juzgados en el país donde se cometieron.
Ante esto la magistrada libró en
diciembre pasado un exhorto a España pidiendo al gobierno de ese país
nombres y direcciones de ex funcionarios y miembros de
fuerzas de seguridad del franquismo aún vivos y que podrían ser
futuros imputados, algo que aún no tuvo respuesta.
Más allá de eso, la jueza citó a cuatro de los denunciantes a ratificar y viajaron desde España Galante Serrano junto a Manuel Blanco
Chivite, Josu Ibargutxi y Sabin Arana Bilbao, mientras que para mediados de año Servini prevé ir a ese país en busca de más testimonios de ex presos de
la dictadura franquista y recorrer algunos lugares donde ocurrieron detenciones ilegales, torturas y fusilamientos.
En la audiencia se entregó a Servini
un CD con copias de fallos judiciales de la época donde figuran nombre
de jueces y miembros de fuerzas de seguridad que habrían
sido cómplices de las violaciones a los derechos humanos además de
unos 60 casos recopilados para sumar a la pesquisa.
Galante Serrano, que pertenece al colectivo “La Comuna”
y que agrupa a ex presos políticos del franquismo en su última etapa,
sostuvo que “la idea
es que nuestro país debe responder por centenares de miles de
personas y por fosas comunes a las que aún no hemos tenido acceso”.
“Los presos del franquismo seguimos
sin existir, sin que a nuestros verdugos se les pueda pedir
responsabilidades porque la judicatura española es impresentable,
pasó de la dictadura a la democracia intacta”, agregó al recordar
que el único juez que abrió una causa, Baltazar Garzón, fue inhabilitado
para ejercer por haber ordenado escuchas telefónicas
consideradas ilegales en una causa por corrupción.
Entre los casos entregados a Servini de Cubría está el de José Humberto Baena, fusilado el 27 de septiembre de 1975 y cuya hermana pide ser
querellante y el de Salvador Puig Antich, asesinado en 1974 y con familia que también requiere ser tenida como
acusadora en la causa.
Galante Serrano ratificó la denuncia
ante la magistrada y recordó que sufrió cuatro detenciones en el
franquismo y luego estuvo preso cuatro años.
Los testimonios incluyeron la
presentación de una nómina de 128 víctimas torturadas por la policía
política franquista y otra de de 23 integrantes de tribunales
militares y funcionarios que torturaron, cuyos enjuiciamientos
fueron reclamados.
23 de abril 2012
Publicado en www.telam.com.ar
