El franquismo, al banquillo de los acusados en Argentina
POR JUAN IGNACIO IRIGARAY
BUENOS AIRES.
La única causa penal que continúa abierta en todo el mundo contra el dictador español Francisco Franco (1939-1975) y sus crímenes avanza en su tramitación. Iniciada en 2010 en Argentina, la etapa de pruebas será ampliada en marzo próximo. La jueza porteña María Servini de Cubría –casada con un aviador militar- empezará a recoger testimonios de familiares de las víctimas.
El paso procesal se va cumplir por video conferencia Buenos Aires-España ya que, en principio, la jueza iba a visitar Madrid para hacerlo personalmente pero la Corte Suprema no satisfizo sus requerimientos de infraestructura y acompañantes, por lo cual desistió del viaje. Así, pues los testimonios serán vía digital pero poseen igual valor probatorio.
En este proceso el imputado ‘estrella’ es nada menos que el Rey Juan Carlos I, pues el período histórico a investigar comprende desde 1936 hasta las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977. Y resulta que el monarca era comandante de las fuerzas armadas y de seguridad desde la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975.
También figura Adolfo Suárez, el primer presidente español pos Franco y hombre de la falange nacionalista que se reconvirtió fundando el partido Unión de Centro Democrático (UCD), más varios otros ex altos funcionarios y jefes castrenses del régimen.
La jueza envió una comisión rogatoria al Gobierno de España solicitando que “remita la lista de todos los ministros que hubo en la dictadura de Franco, así como de los jefes de las fuerzas armadas, y de la Falange Española. Y la relación de los que aún están vivos, con el objetivo de desarrollar pruebas en el procedimiento y eventualmente imputar a algunos de ellos”.
Hasta dónde se sabe Madrid no ha respondido, en sintonía con el ‘carpetazo’ que España dio a la investigación de los crímenes del franquismo que había iniciado el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El magistrado terminó expulsado de la magistratura por supuesto “prevaricato” en el ‘caso Gürtel’ de corrupción, que compromete al gobernante Partido Popular.
Por eso la denuncia original fue radicada el 14 de abril de 2010 –fecha elegida por ser el aniversario de la Segunda República española- y como reivindicación de Garzón ante su expulsión. También simbolizó una devolución de favores porque en los ’90 rompió la impunidad entonces reinante en Buenos Aires acusando en la Audiencia Nacional a la dictadura argentina (1976-1983).
Incluso Garzón, inspirado en la jurisdicción de la Justicia universal que ahora también esgrime Argentina, extraditó a Buenos Aires al ex represor Ricardo Cavallo. Y procesó en Madrid al ex verdugo Adolfo Scilingo, que confesó haber arrojado a 30 prisioneros al mar desde los ‘vuelos de la muerte’ y purga condena a 1.084 años en la península.
La denuncia contra el franquismo fue radicada por dos emigrantes españoles, familiares directos de víctimas de Franco que han sido admitidos como querellantes. Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei, e Inés García Holgado, sobrina de un desaparecido y nieta sobrina de dos ejecutados.
Rivas Cando estuvo desaparecido hasta 2005 cuando encontraron sus restos en una fosa común del pueblo. “Reclamo algo que me corresponde: Justicia para gente que fue asesinada sin justicia. No estoy reclamando para mí solo, sino por todas las víctimas. Franco dijo que iba a dejar todo bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto y en España se siguen sufriendo los 40 años de dictadura”, afirmó su hijo, de 93 años.
A la denuncia inicial de Rivas Cando y García Holgada se sumó la asociación de represaliados “La Comuna”. Varios ex presos políticos de ese colectivo viajaron en abril último de España a Buenos Aires y declararon como testigos ante la jueza, contando las torturas y hambruna que sufrieron en sus encierros.
También se han querellado familiares de los últimos fusilados por el régimen. El 27 de septiembre de 1975 -sólo 53 días antes de la muerte del dictador- pelotones de fusilamiento, con guardias civiles y policías voluntarios, ejecutaron en Madrid a José Humberto Baena (24), José Luis Sánchez Bravo (22) y Ramón García Sanz, acusados de pertenecer al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Y en Barcelona a los supuestos etarras Juan Paredes Manot, (21) Txiqui, y Ángel Otaegui (33).
En principio, la figura penal elegida para los imputados del franquismo es la de “genocidio” y, subsidiariamente, “crímenes contra la Humanidad”, dos delitos incluidos en las convenciones jurídicas internacionales que Argentina y España han suscrito y, por lo tanto, no prescriben. Si la causa penal continúa avanzando la Justicia argentina podría librar órdenes de captura internacional contra quienes sigan vivos.
La movida judicial ha ganado simpatía entre muchos en Argentina. Aquí aún vive la comunidad española más numerosa de América Latina: 320.000 electores. Y este país ha sido refugio de la “España peregrina”: el primer presidente de la II República, Niceto Alcalá Zamora; los músicos Manuel de Falla y Miguel de Molina; y los escritores Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Francisco Ayala, Rosa Chacel, entre otros.
