Las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978 podrán pedir reparación desde el día 20
La comisión evaluadora se constituirá en un mes y atenderá por orden de registro
El decreto aprobado ayer da cabida, según explica Mendia, a los miembros de ETA fusilados en 1975 '
Miren Ibáñez
Vitoria. "Decreto de
declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como
consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre
los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación
política vivida en la Comunidad autónoma del País Vasco". Este es el
alambicado nombre con el que el Gobierno Vasco ha dado trámite al primer
decreto de reconocimiento de víctimas de abusos policiales durante el
franquismo y la Transición -debe aún aprobar otro relativo a hechos
acaecidos en el periodo constitucional-, que entrara el próximo
miércoles 20 de junio El texto finalmente aprobado por el Consejo de Gobierno amplía
su radio de acción respecto del borrador original desde 1968 hasta
1960, atendiendo a las alegaciones presentadas por algunos partidos. Y
otra de las principales alegaciones tenidas en cuenta, explicó ayer la
portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, es la planteada por el
Gobierno español, que advirtió a Lakua de que el texto original podía
presentar aspectos de inconstitucionalidad porque de su literatura
pudiera haberse desprendido que la comisión evaluadora estaba
suplantando el espacio de los tribunales de justicia. Unos problemas que
la redacción final, explicó Mendia, ha subsanado, tal y como reconoció
en una carta de finales de mayo la Dirección de Competencias
Autonómicas, adscrita al Ministerio de HaciendaEl decreto establece tres condiciones para considerar un hecho
"violencia de motivación política": que fuera ejercida por funcionarios
contra el ejercicio de los derechos de las personas, que fuera
realizada con la intención de influir en la sociedad y que se llevara a
cabo en un contexto de impunidad. El artículo 5 del decreto excluye
expresamente de esta consideración aquellos casos en los que el afectado
"se encontrara desarrollando alguna actividad violenta, incluso en los
casos en que el fallecimiento o las lesiones se produjeran por actos
dirigidos a evitar o repeler directamente dicha acción violenta". Es
decir, elimina la posibilidad de que se acojan a estas ayudas heridos o
familiares de fallecidos que se encontraran preparando un atentado
terrorista.
En la norma se mantienen las indemnizaciones previstas
inicialmente, que van desde 35.000 a 390.000 euros, cuantías que como
denunció la fundación Egiari Zor, son menores a las previstas en la
legislación para las víctimas del terrorismo.
Según los datos que ofreció Mendia, el Gobierno Vasco maneja
unas 62 personas fallecidas que cumplirían estos requisitos para su
reconocimiento como víctimas de violencia política, aunque hasta el
momento sólo han podido contactar con familiares de unas 25.
Con estos mimbres, explícitamente Mendia incluyó en los
posibles beneficiarios de este decreto a los familiares de Angel Otaegi y
Jon Paredes Manot, Txiki, miembros de ETA que formaron parte
de los últimos fusilamientos del franquismo en 1975. Entrarían también
dentro de los supuestos previstos en el decreto las víctimas del 3 de
marzo de 1976 en Gasteiz, por ejemplo.
En cualquier caso, la normativa entrará en vigor el próximo
día 20 de junio, de manera que desde ese día pueden plantearse las
solicitudes oportunas en cualquier registro del Gobierno Vasco. La
comisión evaluadora -que estará presidida por la directora de Derechos
Humanos del Ejecutivo, Inés Ibañez de Maeztu- se constituirá en un plazo
máximo de un mes desde el día 20, de manera que empezará a trabajar
como muy tarde a finales de julio, atendiendo las solicitudes por orden
de registro. El plazo para presentar solicitudes se prolongará durante
18 meses, hasta finales de 2013, aunque Mendia no descartó que, si fuera
necesario, se amplíe.
Críticas del ministro Un
decreto que da cumplimiento parcial al mandato que el Parlamento Vasco
dio al Ejecutivo en marzo del año pasado con la unanimidad de todos los
grupos de la Cámara. Queda pendiente de elaboración un segundo decreto
relativo al periodo de tiempo posterior a 1978, es decir, con la
Constitución ya vigente, que plantea mayores dificultades jurídicas
precisamente por ello, pero también seguramente algunas complejidades
políticas más importantes, en tanto deberá contemplar por ejemplo casos
de tortura.
Lo que no evita que la normativa aprobada ayer genere
críticas. Ya cuestionó el PP vasco al conocerse el borrador en febrero
la idoneidad de la iniciativa -pese a haber respaldado el mandato
parlamentario-, y ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz
fue contundente al afirmar que el decreto es "lamentable, injusto e
impresentable" porque, a su juicio, significa "una equiparación de unas
víctimas y otras, intentar poner en el mismo plano la acción de ETA con
otras acciones colaterales que se hayan derivado de esta agresión al
pueblo".
La portavoz del Ejecutivo vasco se mostró molesta por las
palabras del ministro; consideró que probablemente "no se ha leído el
decreto" e insistió en que el propio Gobierno español mostró su
conformidad vía carta con las modificaciones introducidas. "Las
violencias son distintas, pero el sufrimiento es el mismo", insistió
Mendia.
