dissabte, 27 de juliol de 2013

EL 18 DE JULIO Y LA QUERELLA


Un 18 de julio marcado por la querella argentina contra el franquismo

La impunidad del franquismo se tambalea en el 77 aniversario del golpe de Estado que derivó en una cruenta Guerra Civil y en 36 años de implacable dictadura. La querella en Argentina, la Plataforma por la Comisión de la Verdad y la visita de investigadores de la ONU a España son las grandes esperanzas del movimiento memorialista que sigue reclamando verdad, justicia y reparación

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 18/07/2013
Carlos Slepoy, uno de los abogados de la querella argentina. -EFE

Carlos Slepoy, uno de los abogados de la querella argentina.

El movimiento por la recuperación de la Memoria Histórica tiene motivos para el optimismo. Cuando se cumple el 77 aniversario del golpe de Estado militar que derivó en una cruenta Guerra Civil y en 36 años de implacable dictadura, la impunidad franquista parece estar tocando a su fin. La querella argentina, por una parte, la creación de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, por otra, y la visita a España en septiembre de investigadores de la ONU están poniendo cerco sobre una impunidad asentada en la Ley de Amnistía de 1977 que mantiene en un limbo jurídico a las 120.000 víctimas de desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la dictadura, los alrededor de 30.000 niños robados y una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista imposible de determinar.
"Paso a paso y tras muchos años de trabajo parece que la impunidad blindada de los franquistas está al borde de la quiebra. La situación política ha evolucionado y por fin todos los partidos que defendieron la II República están apoyando también la querella argentina. Es un 18 de julio en el que tenemos motivos para un optimismo moderado", declara a Público Manuel Blanco Chivite, víctima de la dictadura franquista y portavoz de la red ciudadana en apoyo a la querella argentina.
El "optimismo moderado" de Blanco Chivite se sustenta en el notable avance de la querella presentada ante la Justicia argentina contra la dictadura franquista por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio presentada por más de 300 asociaciones memorialistas y de víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil que solicitan la imputación de exministros franquistas, jueces y torturadores de la dictadura. Recientemente, la querella ha conseguido el apoyo del Parlamento de Euskadi y de diferentes ayuntamientos como el de Donosti o el de Fuenlabrada en Madrid. Además, en próximas fechas la querella recibirá el apoyo del Parlamento de Andalucía y, muy probablemente, del de Catalunya.
"La impunidad blindada de los franquistas está al borde de la quiebra", asegura Blanco ChiviteEl apoyo cada vez mayor de las sociedad civil y de las instituciones políticas a la causa abierta en Argentina servirá como respaldo a la Justicia del país suramericano para que no se vuelva a repetir lo sucedido el pasado mes de mayo cuando el Gobierno del Partido Popular impidió que víctimas del franquismo declararan ante la Justicia argentina mediante videoconferencia. Era la primera vez en la historia que víctimas de la dictadura iban a declarar ante un juez en una causa abierta contra la dictadura, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores lo impidió a través de una llamada telefónica al embajador de Argentina en España, tal y como adelantó este diario.
El próximo paso para el avance de la querella se producirá en el mes de septiembre. Será entonces cuando una delegación de las asociaciones querellantes viaje hasta Buenos Aires para prestar declaración ante la Justicia argentina de manera presencial. Las víctimas, además, viajarán acompañadas de un grupo de parlamentarios en representación del apoyo recibido por instituciones políticas españolas. Antes, una delegación más reducida de la misma red se desplazará a Argentina para tratar de cerrar fechas con la juez argentina que lleva el caso.

Plataforma por la Verdad

A la querella presentada en Argentina se han sumado otras iniciativas del movimiento memorialista que persiguen el mismo objetivo: verdad, justicia y reparación. El pasado mes de mayo la Plataforma por la Comisión de la Verdad presentó una campaña nacional e internacional para denunciar ante las instituciones españolas, europeas y ante las Naciones Unidas, el desamparo jurídico y político que sufren todavía hoy las víctimas de la dictadura, así como el incumplimiento de la legislación internacional sobre derechos humanos por parte del Estado español y sus instituciones judiciales.
La Plataforma tiene por objetivo constituir una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo que establezca una verdad oficial sobre la dictadura. "Se trata de lograr, de una vez por todas, una respuesta institucional que se corresponda con la legislación internacional de derechos humanos y establezca una verdad oficial sobre este período negro de nuestra reciente historia que fueron los cerca de cuarenta años de dictadura", señala a Público Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma.
La ONU investiga si España garantiza los derechos de las víctimas de la dictadura 
Con este objetivo, miembros de la Plataforma se reunieron el pasado junio con los portavoces de todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento para solicitarles que presenten una Proposición no de Ley que inste al Gobierno a constituir una Comisión de la Verdad que restablezca "la verdad histórica de las violaciones de derechos humanos ocurridos en España durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista".
En este sentido, la portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, reconoció la "paralización absoluta" que sufre todo lo relacionado con la Memoria Histórica y los "obstáculos a las exhumaciones" que sufren las víctimas y sus familiares y se comprometió a discutir con el resto de grupos la elaboración de un texto borrador en el mes de septiembre. El grupo popular, por su parte, se comprometió a presentar la petición de la Plataforma al resto de partidos. Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana e integrantes del Grupo Mixto (Coalición Canaria y BNG) mostraron su adhesión a la petición sin fisuras.

Visita de la ONU en septiembre

En el calendario de las asociaciones memorialistas y de víctimas de la dictadura está marcado a fuego el próximo mes de septiembre. En esta fecha está previsto que visite España el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, un órgano independiente que en la actualidad está realizando un examen a España sobre su cumplimiento del Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
"España es el país de Europa con más muertos en las cunetas", denuncia Gordon.La investigación de este grupo de trabajo de la ONU se debe a las dudas manifestadas ante el organismo internacional por parte de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos de Humanos y de Rights International Spain sobre el cumplimiento del Estado español de su obligación legal de realizar investigaciones efectivas, independientes y exhaustivas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.
En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya recomendó a España en 2008 la creación de una comisión de expertos independientes, encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura y la derogación de la ley de amnistía de 1977, ya que obstaculiza el derecho de las víctimas de desapariciones forzadas a mecanismos efectivos de acceso a la verdad, justicia y reparación y niega la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que recoge el derecho internacional.
"Este 18 de julio servirá para que todo el mundo vuelva a poner sus ojos sobre España, un Estado democrático que sigue sin dar una respuesta legal a las cientos de miles de víctimas de la dictadura. No podemos olvidar que España es el país de Europa con más muertos en sus cunetas y que tuvimos la dictadura más sangrienta. Es hora de enfrentarnos a nuestro propio pasado y de asegurar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas", sentencia Jordi Gordo
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