dimarts, 24 de setembre de 2013

Tiempo Argentino: “Vinimos a Argentina porque estábamos muy cabreados”

El abogado argentino viene trabajando desde hace años en Madrid para movilizar la causa contra el franquismo.

Foto: Mónica Hasenberg
Foto: Mónica Hasenberg
Daniel Enzetti, Tiempo Argentino, 22.09.2013
Es importante decir que la orden de detención de estas cuatro personas dictada la semana anterior es el primer paso –comienza–, y que a ellos les seguirán muchos otros imputados por los crímenes que generó el franquismo. Hablamos con el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, Federico Villegas Beltrán, y él nos garantizó que en breve podremos hacer realidad a una serie de videoconferencias, para que víctimas que hoy viven en toda España puedan declarar desde allá, enriquecer la causa y así tramitar más imputaciones. Es más, el embajador argentino Carlos Bettini habló con María Servini de Cubría, y ellos se comprometieron en que ya no habría trabas para esos testimonios. Este lunes se determinarán las fechas en el juzgado.”
–¿Lo que ocurrió con Servini es una especie de devolución de aquella intervención de Baltasar Garzón en Madrid, cuando por el principio de justicia universal impulsó el juzgamiento de criminales argentinos de la dictadura y pidió sus extradiciones?
–Puede ser. Mirá, la gente comprometida con estas cosas usa allá una frase: “Ayer por nosotros, hoy por vosotros.” Es más que una devolución, porque en realidad, si no hubiera ocurrido aquel proceso en España, difícilmente estaría pasando esto en nuestro país. Recuerdo, por dar un caso, la condena de Garzón contra Adolfo Scilingo a 84 años de prisión. Lo que hace la justicia argentina se enmarca en la Constitución, que en su artículo 118 establece que los crímenes contra el derecho de gentes cometidos fuera del territorio serán juzgados por el tribunal argentino que la ley establezca. Además, Argentina cuenta con una enorme legitimidad para llevar adelante esto, a partir de una política de memoria y justicia que derivó hasta ahora en 300 condenados por delitos de lesa humanidad, y más de 1000 procesados. Existen insuficiencias, como jueces que no quieren investigar por su vinculación con la dictadura, otros que no comparten esa política de memoria, y algunos directamente indiferentes. Pero algo que no se puede discutir es que en el tema, Argentina es modelo en el mundo.
–¿El boicot del Estado español a la causa se da a partir de características particulares mostradas por la querella, como por ejemplo que uno de los imputados sea suegro de un ministro de Justicia de España?
–Y que encima administra una fundación llamada “Francisco Franco”. Como si aquí hubiera una llamada “Jorge Videla”, o en Alemania otra denominada “Adolf Hitler”. Sólo en Madrid, más de 200 calles llevan el nombre de funcionarios franquistas, algo repetido en todos lados. Los crímenes del franquismo han sido ocultados por una política del Estado de desmemoria y olvido, de no enseñar a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No fue una Guerra Civil, como se la llama, sino la planificación de un exterminio masivo, y posteriormente de una dictadura feroz. Las víctimas se calculan en centenares de miles, y muchos estudios marcan que los niños robados en la primera etapa de la dictadura alcanzaron los 30 mil. Pero además, ese plan estuvo totalmente legalizado a través de decretos que ordenaban arrebatarles las criaturas a las madres republicanas en la cárcel, y entregarlas a familias del régimen o a instituciones públicas.
–Política que, según varias denuncias, continuó después de la muerte de Francisco Franco y de restaurada la democracia en 1977.
–Exacto, porque esos secuestros siguieron registrándose, ya no por la fuerza, sino a través de decisiones institucionales, permitidas por médicos, monjas, parteras, funcionarios civiles, policías, juzgados, notarios. Todos participaban de ese engranaje de sustracción.
–En la delegación que visitó Argentina estuvo presente algunos días Soledad Luque, referente de una entidad que se sumó a la querella y denuncia esas apropiaciones.
–Es importante el aporte de Soledad, porque desenmascara una mentira: que el robo de niños en España ocurrió únicamente en dictadura. Luego, a las madres, por lo general pobres y de sectores muy humildes, se las engañaba, se les decía que sus bebés habían muerto. A Servini la ha conmovido especialmente el caso de Soledad, cuyo hermano le fue quitado, debido a la experiencia que la jueza tiene en materia de restitución de menores víctimas de la dictadura argentina.
–Estuvieron en el país tres semanas, y recién dos días antes de regresar a España se encuentran con el fallo de la jueza. Una manera muy especial de irse.
–Vinimos a la Argentina porque estábamos muy cabreados, debido a varias razones. Primero, Servini había suspendido su visita a Madrid para tomar declaraciones en persona a las víctimas. Después quedaron en la nada tres intentos de llevar a cabo videoconferencias. Y por último, tuvimos que aguantar las presiones españolas, que directamente las impidieron. Ya habíamos confeccionado una lista de 91 personas que estaban dispuestas a declarar, y no hacerlo, para ellas, fue una enorme frustración.
–El gobierno español adujo cuestiones burocráticas, que obviamente sonaron a excusa. ¿Cómo lo tomaron desde allá?
–El colmo fue cuando España redactó una nota expresando su malestar, y diciendo que para realizar los testimonios era necesario cumplir el tratado de asistencia judicial. En otras palabras: obligaban a pedir autorización a las autoridades madrileñas para tomar testimonios en el mismísimo consulado argentino. Algo totalmente absurdo. La asistencia judicial en materia penal se da cuando se requiere ayuda a otro país. Por ejemplo, si uno tiene que interrogar a un testigo que no quiere hablar, se manda una comisión para que, por medio de la fuerza pública, se lo haga comparecer. Pero cuando una persona declara por videoconferencia en el consulado del propio país que está ejerciendo la jurisdicción, y encima, la persona quiere realizar esa declaración, es absurdo plantear trabas. Va contra la práctica generalizada de los consulados en todo el mundo. Tuve una conversación muy fuerte con Bettini sobre eso, y debo reconocer que lo entendió, y que finalmente le explicó el tema a la jueza, como se había comprometido. En realidad, lo que quiere el gobierno español es que las víctimas no declaren delante de un juez, ni argentino ni de ningún otro lugar del mundo. Un Estado que está protegiendo la impunidad no puede impedir que un país que ejerce la jurisdicción universal para combatirla actúe. Pero volviendo a los días en que estuvimos aquí, es justo decir que ayudaron las plataformas de apoyo gestadas en distintos lugares, la actitud tomada por Madres de Plaza de Mayo y una serie de artistas argentinos que se reunieron con Servini para reclamar justicia, lo resuelto por La Plata, el Congreso Nacional y hasta la Legislatura porteña, que sumaron sus reclamos, y varias universidades nacionales como la de Río Cuarto, que apoyaron la causa.
–¿Cuál es el paso inmediato?
–Como te dije, primero será fijar fecha para las videoconferencias. Los querellantes presentados son hasta ahora 150, y estamos reuniendo el material para elevar otros tantos.