Tiempo Argentino: “Vinimos a Argentina porque estábamos muy cabreados”
El abogado argentino viene trabajando desde hace años en Madrid para movilizar la causa contra el franquismo.
Foto: Mónica Hasenberg
Es importante decir que la orden de
detención de estas cuatro personas dictada la semana anterior es el
primer paso –comienza–, y que a ellos les seguirán muchos otros
imputados por los crímenes que generó el franquismo. Hablamos con el
director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores
argentino, Federico Villegas Beltrán, y él nos garantizó que en breve
podremos hacer realidad a una serie de videoconferencias, para que
víctimas que hoy viven en toda España puedan declarar desde allá,
enriquecer la causa y así tramitar más imputaciones. Es más, el
embajador argentino Carlos Bettini habló con María Servini de Cubría, y
ellos se comprometieron en que ya no habría trabas para esos
testimonios. Este lunes se determinarán las fechas en el juzgado.”
–¿Lo que ocurrió con Servini es una
especie de devolución de aquella intervención de Baltasar Garzón en
Madrid, cuando por el principio de justicia universal impulsó el
juzgamiento de criminales argentinos de la dictadura y pidió sus
extradiciones?
–Puede ser. Mirá, la gente
comprometida con estas cosas usa allá una frase: “Ayer por nosotros, hoy
por vosotros.” Es más que una devolución, porque en realidad, si no
hubiera ocurrido aquel proceso en España, difícilmente estaría pasando
esto en nuestro país. Recuerdo, por dar un caso, la condena de Garzón
contra Adolfo Scilingo a 84 años de prisión. Lo que hace la justicia
argentina se enmarca en la Constitución, que en su artículo 118
establece que los crímenes contra el derecho de gentes cometidos fuera
del territorio serán juzgados por el tribunal argentino que la ley
establezca. Además, Argentina cuenta con una enorme legitimidad para
llevar adelante esto, a partir de una política de memoria y justicia que
derivó hasta ahora en 300 condenados por delitos de lesa humanidad, y
más de 1000 procesados. Existen insuficiencias, como jueces que no
quieren investigar por su vinculación con la dictadura, otros que no
comparten esa política de memoria, y algunos directamente indiferentes.
Pero algo que no se puede discutir es que en el tema, Argentina es
modelo en el mundo.
–¿El boicot del Estado español a la
causa se da a partir de características particulares mostradas por la
querella, como por ejemplo que uno de los imputados sea suegro de un
ministro de Justicia de España?
–Y que encima administra una fundación
llamada “Francisco Franco”. Como si aquí hubiera una llamada “Jorge
Videla”, o en Alemania otra denominada “Adolf Hitler”. Sólo en Madrid,
más de 200 calles llevan el nombre de funcionarios franquistas, algo
repetido en todos lados. Los crímenes del franquismo han sido ocultados
por una política del Estado de desmemoria y olvido, de no enseñar a las
nuevas generaciones lo que ocurrió. No fue una Guerra Civil, como se la
llama, sino la planificación de un exterminio masivo, y posteriormente
de una dictadura feroz. Las víctimas se calculan en centenares de miles,
y muchos estudios marcan que los niños robados en la primera etapa de
la dictadura alcanzaron los 30 mil. Pero además, ese plan estuvo
totalmente legalizado a través de decretos que ordenaban arrebatarles
las criaturas a las madres republicanas en la cárcel, y entregarlas a
familias del régimen o a instituciones públicas.
–Política que, según varias denuncias, continuó después de la muerte de Francisco Franco y de restaurada la democracia en 1977.
–Exacto, porque esos secuestros
siguieron registrándose, ya no por la fuerza, sino a través de
decisiones institucionales, permitidas por médicos, monjas, parteras,
funcionarios civiles, policías, juzgados, notarios. Todos participaban
de ese engranaje de sustracción.
–En la delegación que visitó Argentina
estuvo presente algunos días Soledad Luque, referente de una entidad
que se sumó a la querella y denuncia esas apropiaciones.
–Es importante el aporte de Soledad,
porque desenmascara una mentira: que el robo de niños en España ocurrió
únicamente en dictadura. Luego, a las madres, por lo general pobres y de
sectores muy humildes, se las engañaba, se les decía que sus bebés
habían muerto. A Servini la ha conmovido especialmente el caso de
Soledad, cuyo hermano le fue quitado, debido a la experiencia que la
jueza tiene en materia de restitución de menores víctimas de la
dictadura argentina.
–Estuvieron en el país tres semanas, y
recién dos días antes de regresar a España se encuentran con el fallo
de la jueza. Una manera muy especial de irse.
–Vinimos a la Argentina porque
estábamos muy cabreados, debido a varias razones. Primero, Servini había
suspendido su visita a Madrid para tomar declaraciones en persona a las
víctimas. Después quedaron en la nada tres intentos de llevar a cabo
videoconferencias. Y por último, tuvimos que aguantar las presiones
españolas, que directamente las impidieron. Ya habíamos confeccionado
una lista de 91 personas que estaban dispuestas a declarar, y no
hacerlo, para ellas, fue una enorme frustración.
–El gobierno español adujo cuestiones burocráticas, que obviamente sonaron a excusa. ¿Cómo lo tomaron desde allá?
–El colmo fue cuando España redactó
una nota expresando su malestar, y diciendo que para realizar los
testimonios era necesario cumplir el tratado de asistencia judicial. En
otras palabras: obligaban a pedir autorización a las autoridades
madrileñas para tomar testimonios en el mismísimo consulado argentino.
Algo totalmente absurdo. La asistencia judicial en materia penal se da
cuando se requiere ayuda a otro país. Por ejemplo, si uno tiene que
interrogar a un testigo que no quiere hablar, se manda una comisión para
que, por medio de la fuerza pública, se lo haga comparecer. Pero cuando
una persona declara por videoconferencia en el consulado del propio
país que está ejerciendo la jurisdicción, y encima, la persona quiere
realizar esa declaración, es absurdo plantear trabas. Va contra la
práctica generalizada de los consulados en todo el mundo. Tuve una
conversación muy fuerte con Bettini sobre eso, y debo reconocer que lo
entendió, y que finalmente le explicó el tema a la jueza, como se había
comprometido. En realidad, lo que quiere el gobierno español es que las
víctimas no declaren delante de un juez, ni argentino ni de ningún otro
lugar del mundo. Un Estado que está protegiendo la impunidad no puede
impedir que un país que ejerce la jurisdicción universal para combatirla
actúe. Pero volviendo a los días en que estuvimos aquí, es justo decir
que ayudaron las plataformas de apoyo gestadas en distintos lugares, la
actitud tomada por Madres de Plaza de Mayo y una serie de artistas
argentinos que se reunieron con Servini para reclamar justicia, lo
resuelto por La Plata, el Congreso Nacional y hasta la Legislatura
porteña, que sumaron sus reclamos, y varias universidades nacionales
como la de Río Cuarto, que apoyaron la causa.
–¿Cuál es el paso inmediato?
–Como te dije, primero será fijar
fecha para las videoconferencias. Los querellantes presentados son hasta
ahora 150, y estamos reuniendo el material para elevar otros tantos.
