ARGENTINA DICTA ORDEN DE DETENCÍON CONTRA CUATRO TORTURADORES
Argentina dicta orden de detención internacional contra cuatro torturadores del franquismo
En una decisión sin precedentes, la jueza María Servini de Cubría pide, a través de la Interpol, la extradición de altos funcionario policiales y de la Guardia Civil, en la causa abierta en ese país para juzgar los crímenes del franquismo
La jueza argentina María Servini.
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En un día histórico para las víctimas del franquismo, la
magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.
Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".
Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.
La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.
"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy. Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.
La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.
Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.
La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.
Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".
Ésta es la victoria más importante de las víctimas del franquismo en causa que comenzó hace más de tres años
La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.
La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.
Siguientes pasos
La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen varios concejales y alcaldes de su partido.
Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas que testificarán en Buenos Aires el 20-N
A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional
a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha
declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes
del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de
Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura
porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de
aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de
condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma
Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a
la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es
el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con
lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA)."Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy. Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.
Estado de la causa
Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.
La única causa judicial abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina
Los
abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos
los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los
testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido
archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos,
pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de
cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó
inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo
la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a
contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno, con Eduardo
Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini
de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas.
Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el
Tribunal Supremo.La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.
Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.
La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.
ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA CUATRO POLICIAS ESPAÑOLES
Comunicado de Prensa de la Querella argentina contra los Crímenes del franquismo de Catalunya.
La
Jueza Doña María Servini de Cabria, del Juzgado De lo Criminal y
Correccional nº 1 de la República Argentina, ha dictado Resolución con Orden
de Detención, vía Interpol a efecto indagatorio contra cuatro policías
españoles, tres miembros de la Brigada Político Social,
Antonio González pacheco; Billy el Niño.
Celso Gámez Abascal.
José Jirarte González.
Y a un miembro de la Guardia Civil, Capitán Muñecas.
En
cumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial entre Argentina y
España, la Juez libra un exhorto para que lasautoridades españolas
colaboren con estas diligencias.
Querella argentina contra lo crimenes del franquismo
LA ONU VISITA ESPAÑA
La ONU visita España para investigar las "desapariciones forzadas" del franquismo
Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del organismo internacional llega el lunes a Madrid para esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas
Víctimas del franquismo y sus descendientes participan en una manifestación de apoyo al juez Baltasar Garzón el 24 de abril de 2010.
El pasado 30 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy,
coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas, emitió un comunicado en el que resaltaba el compromiso del
Ejecutivo por "la promoción y el respeto de los derechos humanos, la
lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente,
las desapariciones forzadas". En el comunicado, el Gobierno insistía en su voluntad de esclarecer "cualquier caso de desaparición forzada" y aseguraba desplegar "año tras año más esfuerzos en esta esfera".
Sus palabras, sin embargo, no han debido convencer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que este lunes viaja a España para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas acaecidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil, el establecimiento de una verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante el mismo período histórico y la reparación de las víctimas, que a día de hoy, casi 38 después de la muerte del dictador, continúan batallando para poder encontrar y dar sepultura a sus familiares desaparecidos.
Motivos para la incredulidad no le faltan al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Nada más llegar al poder, Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos; eliminó la partida de los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la Justicia argentina.
Todo ello, en un país, España, donde hay entre 88.000 y 130.000 personas enterradas en cualquier cuneta, 30.000 niños robados, una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista imposible de determinar y donde la única persona que salió malparada de la causa judicial abierta contra la dictadura franquista fue el propio juez que instruyó la causa.
Otra de las asociaciones que ha confirmado su presencia a Público en la reunión con el Grupo de Trabajo ha sido la Asociación Recuerdo y Dignidad, cuyo presidente, Iván Aparicio, ha explicado a este diario que expondrán al grupo el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica por parte de ayuntamientos, comunidades y Gobierno central.
La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por los expertos Ariel Dulitzky y Jasminka Dzumhur acompañados por los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Ugo Cedrangolo (Secretario del Grupo de Trabajo) y Yiyao Zhang, visitará en su visita a España las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria.
A su llegada a Madrid, la delegación será recibida por familiares de víctimas del franquismo que acudirán al aeropuerto de Barajas con una gran foto de víctimas de la dictadura bajo la leyenda: "España: 130.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes con miles de víctimas sin identificar y decenas de miles de niños robados esperan una solución que el Estado español niega a las víctimas del franquismo".
En su informe anual de 2004, el Grupo de Trabajo reflejó la imposibilidad de informar sobre las tres denuncias ante la falta de información aportada por las autoridades españolas. Estas afirmaciones se han sucedido hasta la actualidad con la peculiaridad de que en el año 2008 el Grupo de Trabajo recomendó a España derogar la Ley de Amnistía recordando al Estado español que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca y que una ley nacional no puede jamás borrarlos de la memoria colectiva.
Sus palabras, sin embargo, no han debido convencer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que este lunes viaja a España para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas acaecidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil, el establecimiento de una verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante el mismo período histórico y la reparación de las víctimas, que a día de hoy, casi 38 después de la muerte del dictador, continúan batallando para poder encontrar y dar sepultura a sus familiares desaparecidos.
Motivos para la incredulidad no le faltan al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Nada más llegar al poder, Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos; eliminó la partida de los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la Justicia argentina.
Todo ello, en un país, España, donde hay entre 88.000 y 130.000 personas enterradas en cualquier cuneta, 30.000 niños robados, una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista imposible de determinar y donde la única persona que salió malparada de la causa judicial abierta contra la dictadura franquista fue el propio juez que instruyó la causa.
"Investigar, al menos por vergüenza"
Por ello, con el fin de determinar si el Estado español cumple con sus obligaciones en materia internacional de respeto por los derechos humanos y de esclarecimiento del pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU visitará durante una semana Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria, donde mantendrá diversas reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos, asociaciones civiles, abogados, académicos y otros actores pertinentes.
"Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado"
"Esta
visita es fundamental para nosotros. Las víctimas de la dictadura están
siendo desatendidas por los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el
legislativo y el judicial. Ante esta situación, la llegada de la ONU sirve denunciar internacionalmente que España incumple sus obligaciones y esperamos que sirva para que, al menos por vergüenza, el Estado actúe", explica a Público Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que se reunirá con el Grupo de Trabajo este lunes.Otra de las asociaciones que ha confirmado su presencia a Público en la reunión con el Grupo de Trabajo ha sido la Asociación Recuerdo y Dignidad, cuyo presidente, Iván Aparicio, ha explicado a este diario que expondrán al grupo el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica por parte de ayuntamientos, comunidades y Gobierno central.
La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por los expertos Ariel Dulitzky y Jasminka Dzumhur acompañados por los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Ugo Cedrangolo (Secretario del Grupo de Trabajo) y Yiyao Zhang, visitará en su visita a España las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria.
A su llegada a Madrid, la delegación será recibida por familiares de víctimas del franquismo que acudirán al aeropuerto de Barajas con una gran foto de víctimas de la dictadura bajo la leyenda: "España: 130.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes con miles de víctimas sin identificar y decenas de miles de niños robados esperan una solución que el Estado español niega a las víctimas del franquismo".
Desde 2002 reclamando una investigación
La investigación por parte de la ONU de la impunidad de los crímenes franquistas y del incumplimiento por parte de España de la legalidad internacional, no obstante, no se limita al período de Gobierno de Mariano Rajoy. Las víctimas acudieron al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU por primera vez en el año 2002. Concretamente, las víctimas denunciaron el caso de tres ciudadanos desaparecidos en 1947, 1949 y 1950.En su informe anual de 2004, el Grupo de Trabajo reflejó la imposibilidad de informar sobre las tres denuncias ante la falta de información aportada por las autoridades españolas. Estas afirmaciones se han sucedido hasta la actualidad con la peculiaridad de que en el año 2008 el Grupo de Trabajo recomendó a España derogar la Ley de Amnistía recordando al Estado español que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca y que una ley nacional no puede jamás borrarlos de la memoria colectiva.
lunes, 16 de septiembre de 2013
LUCÍA SOCAM EN LA FIESTA DE LA HUMANITÉ
Con los republicanos españoles en la fiesta de la Humanité en Paris
