¡Extradición de los torturadores!
De nuevo la lucha ha tenido que volver
a cruzar el charco, tal como hicieron miles de españoles huyendo de la
represión. Y así es como las instituciones judiciales de Argentina han
conseguido lo que parecía imposible: que se dictara una orden de
detención internacional contra cuatro torturadores franquistas.
Cartel: Manuela Bergerot
La mayoría de los regímenes
constitucionales de Europa se levantaron tras la II Guerra Mundial
siguiendo el paradigma antifascista. El imaginario colectivo no podía
olvidar a los nazis, los campos de concentración y las torturas. El
recuerdo de la pesadilla genocida iluminó toda la normativa jurídica y
permitió el proceso de concesión de determinados derechos sociales,
económicos y políticos. La Constitución Italiana, por ejemplo, declaró
ya en 1948 la prohibición de la recomposición del partido fascista y
vetó además la capacidad de ejercer los derechos democráticos a aquellas
personas procedentes del régimen de Mussolini.
En ese contexto el régimen
constitucional español es una gravísima anomalía. Aquí no hubo
revolución antifascista alguna, ni ruptura con el entramado político de
la dictadura franquista. Muy por el contrario, la democracia española se
constituyó formalmente sin renunciar al ADN franquista, heredando sus
mecanismos viciados y manteniendo a sus altos cargos en las
instituciones, comenzando por la judicatura hasta las propias Cortes
Generales –cabe recordar que en la primera legislatura del Senado fueron
designados a dedo por el rey 41 senadores. Así, a través de un proceso
progresivo se fue consolidando un nuevo imaginario colectivo, el de la
llamada cultura de la transición, según la cual poco a poco nos
convertimos en una democracia liberal equiparable a las del resto de
Europa.
Sin embargo, una democracia no puede
tener miedo a su historia. Y la nuestra lo tiene. Se llama
paradójicamente “ley de amnistía” y la interpretación que el Tribunal
Supremo ha hecho de ella impide investigar los crímenes de lesa
humanidad cometidos por la dictadura franquista, contraviniendo
claramente lo establecido por el derecho internacional desde que se
aprobara la “Cláusula Martens” en el Segundo Convenio de La Haya en
1899.
Como dijo Olga Rodríguez, en el
aniversario del crimen de guerra en Irak del cámara José Couso, “vivimos
en una democracia cimentada sobre miles de fosas comunes”. Con al menos
143.353 desaparecidos según la investigación de la Audiencia Nacional
en 2008, España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de
desaparecidos. Y una democracia que abandona a millares de cuerpos
enterrados en cunetas y fosas, no puede llamarse a sí misma “el gobierno
del pueblo”. Valga como ejemplo las cerca de 20.000 víctimas del
franquismo que sirvieron para llenar los vacíos de las tumbas del Valle
de los Caídos.
Dice Vicenç Navarro que «de no hacer
más, enterrando a los muertos se enterrará también nuestra historia
democrática». Paralizando, obstaculizando, destruyendo y prohibiendo
las exhumaciones de fosas se entierra la posibilidad de Verdad, Justicia
y Reparación, pero contribuyendo a la continuidad de la cultura de la
impunidad, también se consigue que el inexorable paso del tiempo acabe
con la vida de las miles de personas que sufrieron la desaparición
forzosa de familiares, el exilio involuntario, la tortura y el proceso
traumático posterior, acompañado del miedo y la imposibilidad de ejercer
el derecho a vivir una vida en paz. Como dice el Roto “no se puede
juzgar al franquismo mientras siga vivo, y seguirá vivo mientras no se
le pueda juzgar”.
En el Estado Español, la necesidad de
construir y perpetuar el mitificado relato de la transición, dibujó en
nuestro pensamiento una ilusión:’ que “amnistía” significaba
“reconciliación nacional”. ¿Acaso tiene sentido poner en el mismo nivel a
víctimas y agresores? La historia de los vencidos es siempre difícil de
desenterrar bajo la gruesa capa del discurso oficial de la dictadura,
afianzada por la fuerza de las armas y la represión, y a ello se le suma
la existencia más que de una mémoire courte la de una “memoria
invisible”.
En 1979 el recién nacido reino de
España, ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En él se
establece la obligación de emprender una “investigación oficial efectiva
e independiente” en todos los casos de desaparición de los que se tenga
noticia. De hecho, la persecución de los crímenes franquistas, a la luz
de la legislación de la ONU en materia de persecución de los crímenes
de lesa humanidad (contemplados en los artículos 607 y 607 bis del
código penal), es imprescriptible. Varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos y las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han solicitado al Gobierno de España, la derogación de la Ley de Punto Final, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles.
No es baladí que la República Argentina
esté resurgiendo de su grave crisis, atacando entre otras medidas, la
impunidad de su dictadura. Son pasos de higiene democrática que caminan
de la mano de procesos emancipadores y de recuperación de soberanía
popular. La capacidad para obtener justicia es un principio fundamental
de un Estado que quiera definirse democrático y de derecho.
De nuevo la lucha ha tenido que volver a
cruzar el charco, tal como hicieron miles de españoles huyendo de la
represión. Y así es como las instituciones judiciales de Argentina han
conseguido lo que parecía imposible, a saber, que se dictara una orden
de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas.
En estos días se ha repetido por las
redes sociales que “la justicia llega tarde y lejos” y, sin embargo,
algunos sólo podíamos recordar las palabras de Juan Diego Botto en su
obra “Invisibles”: “lo imposible solo tarda un poco más”. Ese es el
eslogan de la organización HIJOS (hijos de padres y madres desaparecidos
de la dictadura argentina). Y es que, lo que ahora nos parece imposible
es el siguiente paso: que Rajoy, -ése que miente ante el Parlamento,
que forma parte de una organización política que no condena el
franquismo, que banaliza el enaltecimiento del fascismo en sus
dirigentes- permita la extradición de quienes han sido elegidos para
personificar la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación de todo
un pueblo.
1Parece imposible que el
gobierno facilite a Argentina el procedimiento judicial contra los
crímenes del franquismo. Pero, sí, ciertamente “lo imposible sólo tarda
un poco más” y con movilización, organización y clamor social
conseguiremos que un día, como cantaba Pablo Milanés acerca de Chile,
“renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán sus penas los traidores”.
Porque lo importante es que no olvidemos que lo imposible ha sido
posible, que hoy hay cuatro torturadores franquistas que por primera vez
no dormirán tranquilos, que sentirán la carga de sus actos criminales a
cada paso. Porque, como también Botto nos recordaba, “es posible que
diez esté tan lejos de infinito como dos”, pero “hacer esa escalerita
peldaño a peldaño es importante. Meter a un hijo de puta en la cárcel no
te va a devolver los años rotos y los abrazos perdidos pero te puede
restituir una finísima fibra del corazón. (…) Y si se presenta un tres
hay que agarrarlo, si se presenta un diez hay que agarrarlo porque así
se reconstruye nuestra identidad”.
Así que, el grito de las
concentraciones en la Puerta del Sol exigiendo la extradición de los
torturadores ha de ser continuado por nosotras, por vosotros, por Lorca,
por Grimau, por Matilde Landa, por Puig Antich, por Manuel Girón, por
las Trece Rosas, por nuestros abuelos y nuestras abuelas, por quienes
esperan que escarbemos la tierra con los dientes y apartemos la tierra
parte a parte a dentelladas secas y calientes… porque tenemos que
contar, por fin, muchas cosas compañeros, compañeras del alma,
compañeros.
