sábado, 31 de agosto de 2013
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
En
este informe recogemos, por regiones y países, algunos de los casos de
desapariciones documentados por Amnistía Internacional Madrid
El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos. Amnistía Internacional se suma a las voces que en este día exigen justicia para las
víctimas y piden a los gobiernos que lleven a cabo investigaciones imparciales sobre todos los casos de desaparición forzada, lleven ante los tribunales a los responsables y avancen en la ratificación e implementación de los compromisos adoptados en la Convención Internacional para la protección de
Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas.
La desaparición forzada es un crimen contra el derecho internacional, y bajo ciertas circunstancias está tipificada como crimen de lesa humanidad. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública
como justificación de la desaparición forzada. La Convención establece para los estados la obligación de prevenir que ocurra y luchar contra la impunidad, así como el efectivo acceso a justicia y reparación para víctimas y familiares.
La desaparición forzada es un crimen contra el derecho internacional, y bajo ciertas circunstancias está tipificada como crimen de lesa humanidad. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública
como justificación de la desaparición forzada. La Convención establece para los estados la obligación de prevenir que ocurra y luchar contra la impunidad, así como el efectivo acceso a justicia y reparación para víctimas y familiares.
La práctica de la
desaparición forzada ha sido con frecuencia utilizada como estrategia
premeditada para infundir terror entre la población y extender la
sensación de inseguridad, en multitud de ocasiones contra opositores políticos, grupos étnicos o religiosos, e infringe sufrimiento y daño psicológico no sólo a las víctimas sino también a los familiares.
Siria o México son algunos de los ejemplos de países en que las víctimas se pueden contar por millares, pero, desgraciadamente, esta práctica se lleva a cabo en todo el mundo. En este dossier recogemos algunos de esos ejemplos documentados por Amnistía Internacional que sirven como una pequeña muestra de la magnitud de esta violación de derechos humanos. Los casos han sido recopilados a partir del último Informe Anual (con información del año 2012) de Amnistía Internacional y otros documentos públicos de la organización.
sensación de inseguridad, en multitud de ocasiones contra opositores políticos, grupos étnicos o religiosos, e infringe sufrimiento y daño psicológico no sólo a las víctimas sino también a los familiares.
Siria o México son algunos de los ejemplos de países en que las víctimas se pueden contar por millares, pero, desgraciadamente, esta práctica se lleva a cabo en todo el mundo. En este dossier recogemos algunos de esos ejemplos documentados por Amnistía Internacional que sirven como una pequeña muestra de la magnitud de esta violación de derechos humanos. Los casos han sido recopilados a partir del último Informe Anual (con información del año 2012) de Amnistía Internacional y otros documentos públicos de la organización.
En España la impunidad perdura y a las víctimas se les niega el derecho a
la justicia, a la verdad y a la reparación. No se están investigando
las desapariciones forzadas y otros crímenes de derecho internacional
cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Amnistía
Internacional ha constatado en la justicia española una tendencia
continuada a archivar de plano de las investigaciones sobre estos
crímenes.
Esta situación ha empeorado desde que en febrero de 2012 el Tribunal Supremo (en el llamado “caso Garzón”) dictó una sentencia que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que para la organización, son contrarios al derecho internacional, entre ellos: la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de derecho internacional, o una errada interpretación del principio de legalidad penal.
Esta situación ha empeorado desde que en febrero de 2012 el Tribunal Supremo (en el llamado “caso Garzón”) dictó una sentencia que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que para la organización, son contrarios al derecho internacional, entre ellos: la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de derecho internacional, o una errada interpretación del principio de legalidad penal.
Debido a
esa sentencia Baltasar Garzón fue procesado y absuelto, entre otras
cuestiones, por violación de la Ley de Amnistía de 1977 al poner en
marcha una investigación en 2008 sobre la desaparición forzada de
114.266 personas entre julio de 1936 y diciembre de 1951. A pesar del
fallo absolutorio, el Tribunal concluyó que Baltasar Garzón había
interpretado erróneamente la ley al considerar que los hechos
investigados eran crímenes de lesa humanidad. Según el Tribunal, en el
momento de la comisión de los delitos, éstos no estaban definidos como
crímenes de lesa humanidad en la legislación nacional. Esta sentencia
del Tribunal Supremo podía eliminar la posibilidad de investigar delitos
de derecho internacional cometidos en el pasado en España.
Además las autoridades españolas rehúsan colaborar con la justicia argentina, donde se encuentra abierta una causa por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977.
Además las autoridades españolas rehúsan colaborar con la justicia argentina, donde se encuentra abierta una causa por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977.
