ARGENTINA CON LA QUERELLA AL FRANQUISMO

Redacción

Domingo, 15 de Septiembre de 2013

Frente a la impunidad del franquismo: la solidaridad y la justicia llegan desde Argentina
 


La delegación de representantes de CeAQUA (Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella  Argentina) ha presentado públicamente en Madrid los resultados de su estancia de quince días en Buenos Aires y Ciudad de La Plata, viaje realizado con objeto de dinamizar la causa criminal contra el régimen franquista y de promover el más amplio apoyo institucional y social al juicio de los crímenes y delitos perpetrados durante 40 años de dictadura, aún impunes en nuestro país.

Soledad Luque, Chato Galante y Josu Ibargutxi (querellantes, miembros de las Plataformas de Apoyo a la Querella de Madrid y Euskadi y de las asociaciones Todos los niños robados son mis niños, La Comuna y Goldatu, acompañados por Ana Messuti (abogada de la causa 4591/10) han destacado la importancia de este viaje y su eficacia para romper la parálisis de un procedimiento judicial permanentemente obstaculizado por el Ministerio de Exteriores del actual gobierno del reino de España.

Respaldados por más de 100 mociones institucionales favorables a la querella, miles de firmas ciudadanas contra la impunidad del franco fascismo y hasta hoy, por más de 170 querellas en buena medida asociativas, es decir representativas cada una de cientos de personas que exigen justicia frente a la barbarie (fosas comunes, trabajo esclavo, bebés robados, juicios ilegales, torturas y encarcelamientos, asesinatos judiciales, extrajudiciales y penitenciarios, exilio…) la delegación memorialista ha cubierto ampliamente las expectativas en ella depositadas.
El deshielo, paso a paso, avanza en todas nuestras comunidades y naciones sin Estado. Las Plataformas de Apoyo a la Querella contra el régimen franquista son ya una realidad en Madrid, Andalucía, Euskadi, Asturies y Catalunya.

En el ámbito institucional la delegación ha obtenido las Declaraciones de Apoyo de la Cámara de Diputados de la República Argentina, también de la Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el compromiso del Alcalde de Ciudad de la Plata de llevar a la Cámara Provincial declaración en términos similares a las ya aprobadas en el parlamento de la nación, es decir de “solidaridad con las víctimas, repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y apoyo al proceso judicial promovido para investigarlos”.

EN EL ÁMBITO SOCIAL EL AVANCE HA SIDO ENORME

El 3 de septiembre se constituyó en Buenos Aires la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo. Integrada por movimientos sociales diversos como Amnistía Internacional argentina, Mujeres K, Madres de plaza de mayo linea fundadora, sindicato CTA, Asociación de Abogados de Buenos Aires y los querellantes Darío, Inés y Adriana y con la adhesión al manifiesto de muchísimos más: Ex detenidos y desaparecidos, Agrupación García Lorca… la Plataforma de vocación amplia, plural y democrática, retomó también en el manifiesto fundacional recientemente hecho público y avalado por una primera asamblea de más de doscientas personas, la voluntad de impulsar la justicia y reparación para “los miles de argentinos y argentinas que de una u otra forma sufrieron la dictadura franquista, combatiendo en las Brigadas Internacionales o siendo víctimas del exilio y la persecución”.

Por último en el terreno judicial, las reuniones con quien instruye el caso desde el Juzgado Nacional de lo Criminal nº 1 de la República Argentina, María Servini de Cubría, denunciaron las interferencias gubernamentales españolas a la acción del poder judicial argentino, interferencias que generaron la suspensión el pasado año del viaje a España de la señora Servini, la cancelación de la presentación de testimonios por querellantes antifranquistas mediante videoconferencias en la Cancillería Argentina en Madrid) y, por motivos poco claros, la ausencia de respuesta judicial ante las demandas de imputación, de nueve personas vivas, claramente caracterizadas como protagonistas de la represión, el asesinato judicial y la tortura al servicio del sistema franquista.

Durante la próxima semana, Carlos Slepoy, conocido abogado de la causa, concretará en Buenos Aires mediante entrevista con la señora Servini, el establecimiento de los mecanismos que abran a los querellantes contra delitos cometidos por los aparatos de poder de la dictadura, las vías para personarse y testimoniar en la embajada Argentina en Madrid.

También para que el Tribunal Federal libre las pertinentes órdenes de detención y captura de esos 9 primeros imputados por represión franquista. Significativo además el que la delegación vuelva a Madrid con fecha ya cerrada para el próximo viaje a la República Argentina de una amplia delegación de mujeres y hombres represaliados, hijos y hermanos de represaliados… gentes representativas de todos los sectores del movimiento memorialista y contra la impunidad del franquismo.

Esa nueva delegación, integrada también por diputados, alcaldes y alcaldesas apoyo de la querella y que forman parte de un amplio espectro político antifascista, será recibida en Argentina el próximo 20 de Noviembre, aniversario de la muerte de Franco, generalísimo de los alzados contra la legalidad republicana y símbolo de 40 años de criminalidad de un sistema que por burdas componendas geoestratégicas se mantuvo en el poder durante los treinta años posteriores al fin de la segunda guerra mundial.

El juez estrella prologa el libro de dos colaboradores de Capriles Radonski

VENEZUELA: BALTASAR GARZÓN SE SUMA A LA CAMPAÑA DE LA DERECHA ANTICHAVISTA

Por Carlos Aznárez / Resumen Latinoamericano

 

Garzón en la presentación de un libro de Gaspar Llamazares, quien propuso al ex juez como candidato de IU a las elecciones europeas

   Un claro llamado de atención para quienes en Argentina y otros países latinoamericanos siguen arropando y cantando loas al comportamiento bipolar del ex magistrado.


   Acaba de publicarse en Venezuela Bolivariana, de la mano de los sectores más recalcitrantes de la oposición al gobierno chavista de Nicolás Maduro, el libro "Estado Delincuente. (Como actúa la delincuencia organizada en Venezuela)", escrito por dos conspicuos miembros del staff del fascista Henrique Capriles Radonski. Se trata de Carlos Tablante yMarcos Tarre, quienes cuentan esta vez con el prólogo de Baltasar Garzón para este libelo que destila mentiras y odio al proceso revolucionario.


   Carlos Tablante es el típico converso, ya que proviniendo del MAS (Movimiento al Socialismo) realizó un recorrido por izquierda hasta que llegó a ser gobernador del estado de Aragua, luego diputado y finalmente se sumó al coro de escuálidos que comenzaron a conspirar contra el gobierno revolucionario de Hugo Chávez. Actualmente, integra el movimiento Voluntad Popular, uno de los tantos satélites minúsculos que sostienen el accionar terrorista de Capriles.

     Por su parte, Marcos Tarre es columnista habitual del diario ultra opositor"El Nazional", desde donde carga con munición gruesa contra cada una de las medidas progresistas del gobierno bolivariano, amén de haber sido parte de la diatriba de insultos cotidianos que este "periódico" lanzara contra Chávez durante todo su mandato.


   Estos son los escribas que ahora, junto a su prologuista y "gran amigo" (como ellos lo caracterizaron) Baltasar Garzón, lanzan a la venta el engendro denominado"Estado Delincuente", El propio Tablante no oculta las intenciones del libro:  "Poner en el tapete el debate sobre las redes de la corrupción que se han ido consolidando en Venezuela, vinculadas a un conjunto de delitos, muchos de ellos con la participación de funcionarios de alto nivel, beneficiados por la impunidad. Se han ido creando  las condiciones de un Estado delincuente, donde  lo lícito se mezcla con lo ilícito y quien se empeña en realizar actividades legales, está permanentemente acechado, recibiendo las tentaciones de un estado corrupto”.


   Garzón, que tiene larga fama en España de haber sido un juez represor, cómplice fundamental de darle cobertura a los apremios y torturas a presos vascos, catalanes y de otras nacionalidades, es viejo amigo de la oposición fascistoide venezolana, ya que en su momento participó activamente en la campaña de defensa del canal derechista RCTV. En ese momento,Garzón atacó a Chávez acusándolo de "cercenador de la libertad de expresión", lo que le valió una precisa respuesta del ex canciller Maduro y del dirigente del PSUV, Jorge Rodríguez: "Garzón es un payaso que viene a Venezuela a apoyar a los golpistas". (ver http://www.youtube.com/watch?v=Y7gjqSd2W2Q )


   Ahora, el ex juez vuelve a insistir en su afán de adulador con el "caprilismo", y sin decir una palabra sobre los crímenes de la oposición hacia los militantes chavistas, sale a cantar loas a un libro que lo único que busca es atacar a un gobierno, que precisamente está encarando todo tipo de acciones para terminar con la delincuencia organizada y cuyas raíces están ancladas en políticos, empresarios y amanuenses del "caprilismo" y sus paramilitares.


   Es interesante leer lo que dice otro "periodista" de "El Nazional", sobre el libro y el aporte de Garzón. Se trata de Héctor Faúndez, quien señala: "En el prólogo de este libro, Baltazar Garzón observa que Venezuela se ha aislado del resto de la sociedad internacional, y que ese aislamiento hace más difícil combatir el crimen organizado". Más claro, agua.

En la foto Baltasar Garzón y uno de los autores del libro, el "caprilista" Carlos Tablante

      Cabe señalar también que Garzón actualmente está protegido por el gobierno argentino, cobrando un suculento sueldo por "asesorar" en derechos humanos. Por dinerillos similares, el ex juez asesoró a Uribe Vélez y al actual presidente Santos en Colombia, lo que provocó que varias organizaciones campesinas e indígenas lo repudiaran en su momento.  De la mano del diputado Remo Carlotto suele pasearse  por los foros locales para  hablar del "dolor" que le causan las violaciones de derechos humanos o de su "sensibilidad" frente "a la falta de libertad de expresión en el mundo" (justamente él que cerrara periódicos y radios en el País Vasco, con total impunidad, que enviara a varios periodistas a prisión, luego de padecer torturas por parte de la Guardia Civil española, precisamente por informar con veracidad).


   Garzón, que no deja un espacio internacional sin tocar, para blanquear su  pasado represor simulando ponerse "del lado de los perseguidos", cuando lo que realmente le interesa es montar shows publicitarios y mediáticos que endulcen aún más su egolatría armada con mentiras.  Si faltara algo para su carrera de "sumar medallas", recientemente recibió de las manos de la presidenta Cristina Fernández su documento de identidad argentino (algo que no le resulta tan fácil obtener a miles de inmigrantes que viven en Argentina y que han hecho muchos más méritos laborales y de vida que el ex juez español), y decidió radicarse en Argentina, donde lamentablemente cuenta con el aval de algunos luchadores en el ámbito de los derechos humanos que no saben o (lo que es peor) no quieren enterarse, de quien es en realidad este personaje que hoy acaba de prologar un libro más de la oposición destituyente contra el gobierno revolucionario bolivariano.



De Resumen Latinoamericano


Título original: "El ex juez Garzón prologa libro de partidarios de Capriles Radonsky"



  Garzón se alinea con la derecha venezolana en su campaña por la no renovación de la licencia a la cadena golpista RCTV

“Billy el Niño era un animal, un salvaje que disfrutaba pegando”

Víctimas de las torturas y palizas cometidas por el ex agente de la Brigada Político y Social Juan Antonio González Pacheco y por el ex escolta de Franco Celso Galván relatan a Público su experiencia

ALEJANDRO TORRÚS, Diario Público, Madrid 19/09/2013

La orden de búsqueda y captura internacional contra cuatro presuntos torturadores del régimen de Franco emitida por la Justicia argentina marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad de la dictadura franquista. Los abogados de la querella argentina no dudan en señalar que las órdenes convierten el día de ayer, miércoles, en un día histórico.

Sin embargo, más allá de la lucha global, la actuación de la Justicia argentina adquiere una relevancia especial para las víctimas de los presuntos torturadores. Aquellos que, estando Franco todavía vivo, se jugaron la vida en la lucha por una España democrática y que sufrieron las torturas de los hombres de la dictadura.

Público ha contactado con algunas de estas personas y ha recopilado sus testimonios. La emoción aún marca sus palabras cuando recuerdas los interrogatorios sufridos con Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, como interrogador y con la aparición esporádica de Celso Galván, escolta de Franco. El nombre de Billy el Niño aparece hasta en 16 querellas. Estos son algunos de sus víctimas.

Luis Pérez: “Me sacó por la ventana sujetándome por los pies”

“Era un hombre muy corpulento cuyo gesto siempre mostraba desprecio”

Luis Pérez es en la actualidad el presidente de la asociación de expresos del franquismo. Estuvo siete años en prisión por pertenencia a partido político en calidad de dirigente. Durante la década de los 60 fue un miembro destacado del comité central del Partido Comunista. A pesar del paso del tiempo recuerda a la perfección a Billy el Niño. “Era un animal. Un salvaje, que disfrutaba pegando. Era un hombre muy corpulento cuyo gesto siempre mostraba desprecio. Me pegó hasta la saciedad“, relata a Público Pérez.

Luis fue detenido el 23 de abril de 1967 y fue llevado a la Dirección General de Seguridad, donde permaneció 72 horas, esposado y sin apenas comer. Allí conoció a Billy el Niño. “Billy pasaba por al lado de mi celda cada equis tiempo y me decía: ‘Hombre, qué de tiempo sin vernos’ y me daba una nueva paliza. Así durante todo el tiempo”, recuerda Pérez.

No obstante, la peor experiencia que vivió con Billy el Niño la tuvo en la misma ventana desde donde lanzaron a Julián Grimau. Billy el Niño lo agarró por los pies y sacó todo el cuerpo de Luis por la ventana. “Te vamos a dejar caer como hicimos con Julián”, le decía el torturador, según relata Luis, que califica a Billy el Niño como un hombre de una “brutalidad extraordinaria”.

María Rumín: “Me partió la cara a puñetazos”

María Rumín tenía 17 años cuando fue detenida por la policía franquista. Militaba en la Enseñanza Media de las Juventudes Comunistas. En febrero de 1975, junto con otros compañeros, María se sumó a una acción en defensa de la escuela pública gratuita y de calidad. La acción consistía en contar el tráfico con una cadena en la Plaza del Parterre (Carabanchel). Lo que María y sus compañeros no sabían es que en sus filas había un infiltrado de la Brigada Político y Social. Minutos antes de iniciar la acción todos ellos fueron detenidos.

“Sólo de oír el nombre de Billy el Niño se me ponen los pelos de punta”María estuvo tres días detenida en la comisaría de la Puerta del Sol. Nadie avisó a su familia y nadie dio información sobre su paradero durante esos tres días. “Todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo aquellos días. Sólo de oír el nombre de Billy el Niño se me ponen los pelos de punta”, asegura.

A pesar de ser menor de edad, María asegura que fue abofeteada y pateada durante los interrogatorios para forzar que delatara a sus compañeros. “Billy el Niño me partió la cara a puñetazos”, relata. “Cuantas más preguntas me hacían y más silencio guardaba yo, más puñetazos me daban. Recuerdo su cara. Parecía que disfrutaba con aquello. Tenía como una cara de gusto”, asegura.

A los tres días de estar detenida en la Dirección General de Seguridad, María fue liberada. Al entregarle sus pertenencias descubrió que le habían robado hasta el poco dinero que llevaba en la cartera. “Ni siquiera podía denunciar. ¿A quién iba a ir? ¿Al Estado que consentía las torturas?, sentencia María.

Felisa ‘Kutxi’ Echegoyen: “La primera noche fue terrible”

Felisa fue detenida el 8 de octubre de 1974. Tenía 26 años. Estaba en su casa cuando cinco policías, entre ellos Billy el Niño irrumpieron a golpes. “Me cogieron de los pelos y me llevaron hasta la ventana. Me pusieron de espaldas a ella y comenzaron a interrogarme y a golpearme. Pensé que me iban a lanzar”, relata a Público. Presa del pánico, Felisa comenzó a gritar pidiendo auxilio. Billy el Niño cogió un pañuelo y se lo metió en la boca a golpes.

Registraron toda su casa en busca de una máquina multicopista. Sin embargo, en su casa no había nada salvo los restos de haber estado quemando toda la propaganda que poseía. Felisa formaba parte de la Liga Comunista Revolucionaria. Junto a ella habían detenido a otros siete miembros de la organización.

Foto: Manuela Bergerot

“La primera noche fue terrible. La pasé entre golpes, palizas y careos con otros detenidos. Negué conocer a todos ellos, menos a uno. Era mi marido”, relata María, que señala que el segundo día cayó presa del pánico y sufrió un ataque de nervios que la dejó completamente rígida. “Los policías se asustaron porque no me movía y me llevaron al médico. Gracias a eso, el segundo y el tercer día no me pegaron. Se ocuparon de mí los policías que hacían de ‘buenos’”, recuerda.

El tercer día los policías le pasaron su declaración para que la firmara. La leyó, vio que todo estaba en orden y firmó justo tras el punto final de la declaración. “Si dejaba solo un pequeño espacio en blanco sabía que la falsearían cuando me fuera”, explica. “Mira la niña. Parecía tonta pero sabe donde tiene que firmar”, le espetaron los policías. Felisa fue condenada a prisión, pero sólo estuvo tres meses en la cárcel porque fue beneficiada de la amnistía aplicada a los presos por la proclamación del rey Juan Carlos.

José María ‘Chato’ Galante: “Intentaron ahogarme para que ‘cantara’”

Foto: Manuela Bergerot

Chato Galante es miembro de la asociación de expresos del franquismo La comuna. Su dedicación y trabajo han resultado fundamentales para el éxito de la querella argentina. Sin embargo, su lucha por una España más democrática viene desde los años 60, cuando luchaba desde la universidad contra el régimen de Franco.

“Me obligaron a hacer el pato. ¿En qué consistía? En caminar de puntillas cuando tenías los tobillos esposados desde atrás”Chato fue detenido en el año 1969 cuando formaba parte de los comités de acción de la Universidad Politécnica de Madrid. Era su segunda detención y fue llevado hasta la Dirección General de Seguridad. Allí apareció Celso Galván, escolta del propio Franco y más tarde del rey Juan Carlos y, según los testimonios, un torturador de primera.

“Celso no estaba inscrito a ninguno de los grupos de la Brigada Político y Social, pero estaba allí casi siempre. Según los testimonios, es el autor del disparo que mató al estudiante Enrique Ruano“, señala Galante, que asegura que su paso por comisaría no fue más que lo habitual durante aquella época. “Intentaron ahogarme para que cantara y después me obligaron a hacer el pato. ¿En qué consistía? En caminar de puntillas cuando tenías los tobillos esposados desde atrás. Era muy duro caminar así y yo no podía, por lo que me atizaban el doble”, sentencia Chato.

¡Extradición de los torturadores!

De nuevo la lucha ha tenido que volver a cruzar el charco, tal como hicieron miles de españoles huyendo de la represión. Y así es como las instituciones judiciales de Argentina han conseguido lo que parecía imposible: que se dictara una orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas.

Cartel: Manuela Bergerot

Alberto Garzón / Esther López Barceló

La mayoría de los regímenes constitucionales de Europa se levantaron tras la II Guerra Mundial siguiendo el paradigma antifascista. El imaginario colectivo no podía olvidar a los nazis, los campos de concentración y las torturas. El recuerdo de la pesadilla genocida iluminó toda la normativa jurídica y permitió el proceso de concesión de determinados derechos sociales, económicos y políticos. La Constitución Italiana, por ejemplo, declaró ya en 1948 la prohibición de la recomposición del partido fascista y vetó además la capacidad de ejercer los derechos democráticos a aquellas personas procedentes del régimen de Mussolini.

En ese contexto el régimen constitucional español es una gravísima anomalía. Aquí no hubo revolución antifascista alguna, ni ruptura con el entramado político de la dictadura franquista. Muy por el contrario, la democracia española se constituyó formalmente sin renunciar al ADN franquista, heredando sus mecanismos viciados y manteniendo a sus altos cargos en las instituciones, comenzando por la judicatura hasta las propias Cortes Generales –cabe recordar que en la primera legislatura del Senado fueron designados a dedo por el rey 41 senadores. Así, a través de un proceso progresivo se fue consolidando un nuevo imaginario colectivo, el de la llamada cultura de la transición, según la cual poco a poco nos convertimos en una democracia liberal equiparable a las del resto de Europa.  

Sin embargo, una democracia no puede tener miedo a su historia. Y la nuestra lo tiene. Se llama paradójicamente “ley de amnistía” y la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho de ella impide investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, contraviniendo claramente lo establecido por el derecho internacional desde que se aprobara la “Cláusula Martens” en el Segundo Convenio de La Haya en 1899.  

Como dijo Olga Rodríguez, en el aniversario del crimen de guerra en Irak del cámara José Couso, “vivimos en una democracia cimentada sobre miles de fosas comunes”. Con al menos 143.353 desaparecidos según la investigación de la Audiencia Nacional en 2008, España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de desaparecidos. Y una democracia que abandona a millares de cuerpos enterrados en cunetas y fosas, no puede llamarse a sí misma “el gobierno del pueblo”. Valga como ejemplo las cerca de 20.000 víctimas del franquismo que sirvieron para llenar los vacíos de las tumbas del Valle de los Caídos.  

Dice Vicenç Navarro que «de no hacer más, enterrando a los muertos se enterrará también nuestra historia democrática».  Paralizando, obstaculizando, destruyendo y prohibiendo las exhumaciones de fosas se entierra la posibilidad de Verdad, Justicia y Reparación, pero contribuyendo a la continuidad de la cultura de la impunidad, también se consigue que el inexorable paso del tiempo acabe con la vida de las miles de personas que sufrieron la desaparición forzosa de familiares, el exilio involuntario, la tortura y el proceso traumático posterior, acompañado del miedo y la imposibilidad de ejercer el derecho a vivir una vida en paz. Como dice el Roto “no se puede juzgar al franquismo mientras siga vivo, y seguirá vivo mientras no se le pueda juzgar”.

En el Estado Español, la necesidad de construir y perpetuar el mitificado relato de la transición, dibujó en nuestro pensamiento una ilusión:’ que “amnistía” significaba “reconciliación nacional”. ¿Acaso tiene sentido poner en el mismo nivel a víctimas y agresores? La historia de los vencidos es siempre difícil de desenterrar bajo la gruesa capa del discurso oficial de la dictadura, afianzada por la fuerza de las armas y la represión, y a ello se le suma la existencia más que de una mémoire courte la de una “memoria invisible”.

En 1979 el recién nacido reino de España, ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En él se establece la obligación de emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” en todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia. De hecho, la persecución de los crímenes franquistas, a la luz de la legislación de la ONU en materia de persecución de los crímenes de lesa humanidad (contemplados en los artículos 607 y 607 bis del código penal), es imprescriptible. Varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos y las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han solicitado al Gobierno de España, la derogación de la Ley de Punto Final, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles.

No es baladí que la República Argentina esté resurgiendo de su grave crisis, atacando entre otras medidas, la impunidad de su dictadura. Son pasos de higiene democrática que caminan de la mano de procesos emancipadores y de recuperación de soberanía popular. La capacidad para obtener justicia es un principio fundamental de un Estado que quiera definirse democrático y de derecho.

De nuevo la lucha ha tenido que volver a cruzar el charco, tal como hicieron miles de españoles huyendo de la represión. Y así es como las instituciones judiciales de Argentina han conseguido lo que parecía imposible, a saber, que se dictara una orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas.

En estos días se ha repetido por las redes sociales que “la justicia llega tarde y lejos” y, sin embargo, algunos sólo podíamos recordar las palabras de Juan Diego Botto en su obra “Invisibles”: “lo imposible solo tarda un poco más”. Ese es el eslogan de la organización HIJOS (hijos de padres y madres desaparecidos de la dictadura argentina). Y es que, lo que ahora nos parece imposible es el siguiente paso: que Rajoy, -ése que miente ante el Parlamento, que forma parte de una organización política que no condena el franquismo, que banaliza el enaltecimiento del fascismo en sus dirigentes- permita la extradición de quienes han sido elegidos para personificar la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación de todo un pueblo.

1Parece imposible que el gobierno facilite a Argentina el procedimiento judicial contra los crímenes del franquismo. Pero, sí, ciertamente “lo imposible sólo tarda un poco más” y con movilización, organización y clamor social conseguiremos que un día, como cantaba Pablo Milanés acerca de Chile, “renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán sus penas los traidores”.  Porque lo importante es que no olvidemos que lo imposible ha sido posible, que hoy hay cuatro torturadores franquistas que por primera vez no dormirán tranquilos, que sentirán la carga de sus actos criminales a cada paso. Porque, como también Botto nos recordaba, “es posible que diez esté tan lejos de infinito como dos”, pero “hacer esa escalerita peldaño a peldaño es importante. Meter a un hijo de puta en la cárcel no te va a devolver los años rotos y los abrazos perdidos pero te puede restituir una finísima fibra del corazón. (…) Y si se presenta un tres hay que agarrarlo, si se presenta un diez hay que agarrarlo porque así se reconstruye nuestra identidad”.

Así que, el grito de las concentraciones en la Puerta del Sol exigiendo la extradición de los torturadores ha de ser continuado por nosotras, por vosotros, por Lorca, por Grimau, por Matilde Landa, por Puig Antich, por Manuel Girón, por las Trece Rosas, por nuestros abuelos y nuestras abuelas, por quienes esperan que escarbemos la tierra con los dientes y apartemos la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes… porque tenemos que contar, por fin, muchas cosas compañeros, compañeras del alma, compañeros.

Tiempo Argentino: “Vinimos a Argentina porque estábamos muy cabreados”

El abogado argentino viene trabajando desde hace años en Madrid para movilizar la causa contra el franquismo.

Foto: Mónica Hasenberg

Daniel Enzetti, Tiempo Argentino, 22.09.2013

Es importante decir que la orden de detención de estas cuatro personas dictada la semana anterior es el primer paso –comienza–, y que a ellos les seguirán muchos otros imputados por los crímenes que generó el franquismo. Hablamos con el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, Federico Villegas Beltrán, y él nos garantizó que en breve podremos hacer realidad a una serie de videoconferencias, para que víctimas que hoy viven en toda España puedan declarar desde allá, enriquecer la causa y así tramitar más imputaciones. Es más, el embajador argentino Carlos Bettini habló con María Servini de Cubría, y ellos se comprometieron en que ya no habría trabas para esos testimonios. Este lunes se determinarán las fechas en el juzgado.”

–¿Lo que ocurrió con Servini es una especie de devolución de aquella intervención de Baltasar Garzón en Madrid, cuando por el principio de justicia universal impulsó el juzgamiento de criminales argentinos de la dictadura y pidió sus extradiciones?

–Puede ser. Mirá, la gente comprometida con estas cosas usa allá una frase: “Ayer por nosotros, hoy por vosotros.” Es más que una devolución, porque en realidad, si no hubiera ocurrido aquel proceso en España, difícilmente estaría pasando esto en nuestro país. Recuerdo, por dar un caso, la condena de Garzón contra Adolfo Scilingo a 84 años de prisión. Lo que hace la justicia argentina se enmarca en la Constitución, que en su artículo 118 establece que los crímenes contra el derecho de gentes cometidos fuera del territorio serán juzgados por el tribunal argentino que la ley establezca. Además, Argentina cuenta con una enorme legitimidad para llevar adelante esto, a partir de una política de memoria y justicia que derivó hasta ahora en 300 condenados por delitos de lesa humanidad, y más de 1000 procesados. Existen insuficiencias, como jueces que no quieren investigar por su vinculación con la dictadura, otros que no comparten esa política de memoria, y algunos directamente indiferentes. Pero algo que no se puede discutir es que en el tema, Argentina es modelo en el mundo.

–¿El boicot del Estado español a la causa se da a partir de características particulares mostradas por la querella, como por ejemplo que uno de los imputados sea suegro de un ministro de Justicia de España?

–Y que encima administra una fundación llamada “Francisco Franco”. Como si aquí hubiera una llamada “Jorge Videla”, o en Alemania otra denominada “Adolf Hitler”. Sólo en Madrid, más de 200 calles llevan el nombre de funcionarios franquistas, algo repetido en todos lados. Los crímenes del franquismo han sido ocultados por una política del Estado de desmemoria y olvido, de no enseñar a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No fue una Guerra Civil, como se la llama, sino la planificación de un exterminio masivo, y posteriormente de una dictadura feroz. Las víctimas se calculan en centenares de miles, y muchos estudios marcan que los niños robados en la primera etapa de la dictadura alcanzaron los 30 mil. Pero además, ese plan estuvo totalmente legalizado a través de decretos que ordenaban arrebatarles las criaturas a las madres republicanas en la cárcel, y entregarlas a familias del régimen o a instituciones públicas.

–Política que, según varias denuncias, continuó después de la muerte de Francisco Franco y de restaurada la democracia en 1977.

–Exacto, porque esos secuestros siguieron registrándose, ya no por la fuerza, sino a través de decisiones institucionales, permitidas por médicos, monjas, parteras, funcionarios civiles, policías, juzgados, notarios. Todos participaban de ese engranaje de sustracción.

–En la delegación que visitó Argentina estuvo presente algunos días Soledad Luque, referente de una entidad que se sumó a la querella y denuncia esas apropiaciones.

–Es importante el aporte de Soledad, porque desenmascara una mentira: que el robo de niños en España ocurrió únicamente en dictadura. Luego, a las madres, por lo general pobres y de sectores muy humildes, se las engañaba, se les decía que sus bebés habían muerto. A Servini la ha conmovido especialmente el caso de Soledad, cuyo hermano le fue quitado, debido a la experiencia que la jueza tiene en materia de restitución de menores víctimas de la dictadura argentina.

–Estuvieron en el país tres semanas, y recién dos días antes de regresar a España se encuentran con el fallo de la jueza. Una manera muy especial de irse.

–Vinimos a la Argentina porque estábamos muy cabreados, debido a varias razones. Primero, Servini había suspendido su visita a Madrid para tomar declaraciones en persona a las víctimas. Después quedaron en la nada tres intentos de llevar a cabo videoconferencias. Y por último, tuvimos que aguantar las presiones españolas, que directamente las impidieron. Ya habíamos confeccionado una lista de 91 personas que estaban dispuestas a declarar, y no hacerlo, para ellas, fue una enorme frustración.

–El gobierno español adujo cuestiones burocráticas, que obviamente sonaron a excusa. ¿Cómo lo tomaron desde allá?

–El colmo fue cuando España redactó una nota expresando su malestar, y diciendo que para realizar los testimonios era necesario cumplir el tratado de asistencia judicial. En otras palabras: obligaban a pedir autorización a las autoridades madrileñas para tomar testimonios en el mismísimo consulado argentino. Algo totalmente absurdo. La asistencia judicial en materia penal se da cuando se requiere ayuda a otro país. Por ejemplo, si uno tiene que interrogar a un testigo que no quiere hablar, se manda una comisión para que, por medio de la fuerza pública, se lo haga comparecer. Pero cuando una persona declara por videoconferencia en el consulado del propio país que está ejerciendo la jurisdicción, y encima, la persona quiere realizar esa declaración, es absurdo plantear trabas. Va contra la práctica generalizada de los consulados en todo el mundo. Tuve una conversación muy fuerte con Bettini sobre eso, y debo reconocer que lo entendió, y que finalmente le explicó el tema a la jueza, como se había comprometido. En realidad, lo que quiere el gobierno español es que las víctimas no declaren delante de un juez, ni argentino ni de ningún otro lugar del mundo. Un Estado que está protegiendo la impunidad no puede impedir que un país que ejerce la jurisdicción universal para combatirla actúe. Pero volviendo a los días en que estuvimos aquí, es justo decir que ayudaron las plataformas de apoyo gestadas en distintos lugares, la actitud tomada por Madres de Plaza de Mayo y una serie de artistas argentinos que se reunieron con Servini para reclamar justicia, lo resuelto por La Plata, el Congreso Nacional y hasta la Legislatura porteña, que sumaron sus reclamos, y varias universidades nacionales como la de Río Cuarto, que apoyaron la causa.

–¿Cuál es el paso inmediato?

–Como te dije, primero será fijar fecha para las videoconferencias. Los querellantes presentados son hasta ahora 150, y estamos reuniendo el material para elevar otros tantos.

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Memoria Pública

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ANA DELICADO Buenos Aires

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En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.
Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".

Ésta es la victoria más importante de las víctimas del franquismo en causa que comenzó hace más de tres años

La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.
Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.
La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.

Siguientes pasos

La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen  varios concejales y alcaldes de su partido.

Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas que testificarán en Buenos Aires el 20-N

A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy.  Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.

Estado de la causa

Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

La única causa judicial abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina

Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno,  con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.
La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.
Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.
La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas. 

ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA CUATRO POLICIAS ESPAÑOLES

Comunicado de Prensa de la Querella argentina contra los Crímenes del franquismo de Catalunya.

La Jueza Doña María Servini de Cabria, del Juzgado De lo Criminal y Correccional nº 1 de la República Argentina, ha dictado Resolución con Orden de Detención, vía Interpol a efecto indagatorio contra cuatro policías españoles, tres miembros de la Brigada Político Social,

Antonio González pacheco; Billy el Niño.

Celso Gámez Abascal.

José Jirarte González.

Y a un miembro de la Guardia Civil, Capitán Muñecas.

En cumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial entre Argentina y España, la Juez libra un exhorto para que lasautoridades españolas colaboren con estas diligencias.

Querella argentina contra lo crimenes del franquismo 

LA ONU VISITA ESPAÑA

Memoria Pública

La ONU visita España para investigar las "desapariciones forzadas" del franquismo

Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del organismo internacional llega el lunes a Madrid para esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 17/09/2013 23:33 Actualizado: 17/09/2013 23:36

Víctimas del franquismo y sus descendientes participan en una manifestación de apoyo al juez Baltasar Garzón el 24 de abril de 2010.

El pasado 30 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy, coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, emitió un comunicado en el que resaltaba el compromiso del Ejecutivo por "la promoción y el respeto de los derechos humanos, la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas". En el comunicado, el Gobierno insistía en su voluntad de esclarecer "cualquier caso de desaparición forzada" y aseguraba desplegar "año tras año más esfuerzos en esta esfera".
Sus palabras, sin embargo, no han debido convencer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que este lunes viaja a España para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas acaecidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil, el establecimiento de una verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante el mismo período histórico y la reparación de las víctimas, que a día de hoy, casi 38 después de la muerte del dictador, continúan batallando para poder encontrar y dar sepultura a sus familiares desaparecidos.
Motivos para la incredulidad no le faltan al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Nada más llegar al poder, Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos; eliminó la partida de los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la Justicia argentina.
Todo ello, en un país, España, donde hay entre 88.000 y 130.000 personas enterradas en cualquier cuneta, 30.000 niños robados, una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista imposible de determinar y donde la única persona que salió malparada de la causa judicial abierta contra la dictadura franquista fue el propio juez que instruyó la causa.

"Investigar, al menos por vergüenza"

Por ello, con el fin de determinar si el Estado español cumple con sus obligaciones en materia internacional de respeto por los derechos humanos y de esclarecimiento del pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU visitará durante una semana Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria, donde mantendrá diversas reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos, asociaciones civiles, abogados, académicos y otros actores pertinentes.

"Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado"

"Esta visita es fundamental para nosotros. Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ante esta situación, la llegada de la ONU sirve denunciar internacionalmente que España incumple sus obligaciones y esperamos que sirva para que, al menos por vergüenza, el Estado actúe", explica a Público Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que se reunirá con el Grupo de Trabajo este lunes.
Otra de las asociaciones que ha confirmado su presencia a Público en la reunión con el Grupo de Trabajo ha sido la Asociación Recuerdo y Dignidad, cuyo presidente, Iván Aparicio, ha explicado a este diario que expondrán al grupo el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica por parte de ayuntamientos, comunidades y Gobierno central.
La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por los expertos Ariel Dulitzky y Jasminka Dzumhur acompañados por los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Ugo Cedrangolo (Secretario del Grupo de Trabajo) y Yiyao Zhang, visitará en su visita a España las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria.
A su llegada a Madrid, la delegación será recibida por familiares de víctimas del franquismo que acudirán al aeropuerto de Barajas con una gran foto de víctimas de la dictadura bajo la leyenda: "España: 130.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes con miles de víctimas sin identificar y decenas de miles de niños robados esperan una solución que el Estado español niega a las víctimas del franquismo".

Desde 2002 reclamando una investigación

La investigación por parte de la ONU de la impunidad de los crímenes franquistas y del incumplimiento por parte de España de la legalidad internacional, no obstante, no se limita al período de Gobierno de Mariano Rajoy. Las víctimas acudieron al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU por primera vez en el año 2002. Concretamente, las víctimas denunciaron el caso de tres ciudadanos desaparecidos en 1947, 1949 y 1950.
En su informe anual de 2004, el Grupo de Trabajo reflejó la imposibilidad de informar sobre las tres denuncias ante la falta de información aportada por las autoridades españolas. Estas afirmaciones se han sucedido hasta la actualidad con la peculiaridad de que en el año 2008 el Grupo de Trabajo recomendó a España derogar la Ley de Amnistía recordando al Estado español que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca y que una ley nacional no puede jamás borrarlos de la memoria colectiva.

lunes, 16 de septiembre de 2013

LUCÍA SOCAM EN LA FIESTA DE LA HUMANITÉ

Con los republicanos españoles en la fiesta de la Humanité en Paris