diumenge, 18 de novembre de 2012

Cabecera análisis de Ana Messuti



  Un camino de Justicia se abre en América Latina
 
 Argentina tiene abierta una causa para investigar, escuchar a las víctimas, perseguir a los culpables del genocidio español
 
Un camino de Justicia se abre en América Latina
 
ANA MESSUTI | 17/noviembre/2012 El lunes 12 de noviembre se hizo entrega a las autoridades de la Embajada argentina Madrid de 5.000 firmas de apoyo a la querella argentina por las víctimas del franquismo. Frente a la Embajada, un nutrido grupo, con una pancarta muy elocuente, celebraba la “justicia que venía de la América Latina”. La pancarta era muy elocuente porque, junto a una imagen, que suelen mostrar las asociaciones de memoria histórica: las fosas donde aún reposan muchísimas víctimas del franquismo, había una imagen de las madres de la Plaza de Mayo, llevando delante, como siempre, las fotos de sus hijos desparecidos.
Las dos imágenes contiguas mostraban la íntima solidaridad entre los grupos de víctimas de ambos países: unas, reclamando a sus padres y abuelos, otras reclamando a sus hijos… Sin embargo, hay una enorme diferencia entre ellas: unas están obteniendo una respuesta de la justicia a sus irreparables pérdidas; las otras, en cambio, sólo obtienen silencio y más silencio de quienes deberían responder a sus preguntas, a sus reclamos, a su más elemental pedido de justicia.
Pero esa enorme diferencia está siendo superada: no sólo las víctimas muestran su solidaridad, también la justicia argentina se muestra ahora solidaria con las víctimas españolas. En realidad, si no lo hiciera, faltaría a un elemental principio de coherencia: no puede seguir respondiendo a un grupo de víctimas y no dar una respuesta al otro grupo, no puede estar juzgando a sus propios criminales y desatender las demandas de las víctimas españolas.
Mucho se habla de que la justicia argentina devuelve un favor a España, cuyos tribunales, al comenzar los juicios a los genocidas argentinos y chilenos, dieron un importante estímulo a los tribunales de ambos países latinoamericanos para que comenzaran a su vez a juzgar a sus propios criminales. Pero no se trata de ello. Se trata de una obligación que la Argentina está cumpliendo no sólo ante España sino ante toda la comunidad internacional. En realidad, es una obligación que deberían cumplir todos los Estados que integran esa comunidad, porque la jurisdicción internacional va acompañada del principio de concurrencia de jurisdicciones. ¿Qué significa este principio? Que todos los Estados son competentes para hacer respetar las normas internacionales de derechos humanos, para impedir la impunidad de los crímenes más graves, para juzgar a sus autores y reparar a sus víctimas.
Por lo tanto, la justicia argentina, según los términos jurídicos, es competente de conformidad con el principio de jurisdicción internacional. No obstante, detrás de los términos jurídicos, principalmente del derecho penal, se esconde siempre un drama, una tragedia. (El derecho penal es la rama más “dramática” del derecho). El principio de jurisdicción penal internacional es aplicable cuando se han cometido crímenes tan graves que despiertan la indignación de toda la comunidad internacional. Tres veces se repite la palabra: internacional, para calificar los crímenes; internacional, para calificar la comunidad; internacional, para calificar la jurisdicción.
¿Por qué nos movemos en el ámbito internacional?
Porque no puede haber fronteras nacionales, ni geográficas, ni jurídicas ni temporales que permitan ocultar la comisión de crímenes que afectan a la humanidad entera. Ni se puede silenciar a quienes han sido víctimas de tales crímenes.
Por ello, por todo ello, la justicia argentina tiene abierta una causa para investigar, escuchar a las víctimas, perseguir a los culpables del genocidio español. Concretamente, en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de la jueza María R. Servini de Cubría, se están investigando los crímenes del franquismo. El 14 de abril de 2010, se presentó ante dicho Juzgado una querella, muy extensa y bien fundamentada en el derecho internacional, por los “delitos de genocidio y/o de lesa humanidad que tuvieron lugar en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. A los dos primeros querellantes, familiares de víctimas españolas, y a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (que envió un representante desde España), se unieron, también como querellantes, diversas asociaciones civiles y de derechos humanos argentinas, haciendo propio el dolor y haciéndose eco de la demanda de justicia de las víctimas españolas.
La causa está abierta desde hace más de dos años. Ha tenido que superar algunos obstáculos jurídicos, resueltos en la apelación; y sin duda tendrá que superar muchos otros. La causa avanza. Si bien al principio los querellantes fueron pocos, desde febrero (con la sentencia del Supremo en el juicio contra Garzón) los querellantes van en aumento: ya hay más de un centenar y se prevén muchos más. La composición del grupo de víctimas es muy variada: no hay sólo víctimas de la primera época, “paseados” y asesinados por los falangistas, condenados a muerte por los tribunales especiales, sin ningún tipo de garantía ni defensa, y fusilados, cuya memoria es recordada y reivindicada por sus familias, que también han sido victimizadas; hay víctimas directas de las cárceles y las torturas que persistieron hasta las postrimerías del régimen. Y hay muchísimos que han sido “los niños robados” del franquismo, que nunca han conocido a sus padres, que tal vez incluso hoy ignoran su verdadera identidad.
Es una causa enorme, compleja. Muchos nos señalan que es demasiado enorme, demasiado compleja: hay muchas víctimas, hubo muchos crímenes, ha pasado mucho tiempo. Todas estas razones que aducen algunos para olvidar y hacer como si nada hubiera pasado, son razones poderosas para no olvidar y hacer cuentas con lo sucedido.
La justicia no puede hacerse sin dificultad. Pero lo que no se puede de ningún modo es “no hacer justicia”.
¿Qué valor pueden tener los derechos humanos proclamados en los tratados internacionales suscritos por todos los países si quienes masacran a sus propios pueblos pueden hacerlo sin que ningún tribunal de la tierra les haga rendir cuenta de sus crímenes?
Si bien no se ha podido concretar el esperado viaje de la jueza (por lo menos de momento), las declaraciones que se habían previsto se harán por videoconferencias. Y luego vendrá la etapa siguiente: las declaraciones indagatorias que deberán prestar los posibles imputados, y así sucesivamente… la marcha de la justicia seguirá su curso. Sin embargo, hay algo que debemos tener presente: esa marcha en sí misma es un triunfo. Un tribunal de justicia ha abierto sus puertas a las víctimas olvidadas, postergadas, silenciadas.
Ana Messuti es abogada y participa en la querella argentina contra los crímenes del franquismo