Un camino de Justicia se abre en América Latina
Argentina tiene abierta una causa para investigar, escuchar a las víctimas, perseguir a los culpables del genocidio español
Un camino de Justicia se abre en América Latina
ANA MESSUTI | 17/noviembre/2012 El
lunes 12 de noviembre se hizo entrega a las autoridades de la Embajada
argentina Madrid de 5.000 firmas de apoyo a la querella argentina por
las víctimas del franquismo. Frente a la Embajada, un nutrido grupo, con
una pancarta muy elocuente, celebraba la “justicia que venía de la
América Latina”. La pancarta era muy elocuente porque, junto a una
imagen, que suelen mostrar las asociaciones de memoria histórica: las
fosas donde aún reposan muchísimas víctimas del franquismo, había una
imagen de las madres de la Plaza de Mayo, llevando delante, como
siempre, las fotos de sus hijos desparecidos.
Las dos imágenes
contiguas mostraban la íntima solidaridad entre los grupos de víctimas
de ambos países: unas, reclamando a sus padres y abuelos, otras
reclamando a sus hijos… Sin embargo, hay una enorme diferencia entre
ellas: unas están obteniendo una respuesta de la justicia a sus
irreparables pérdidas; las otras, en cambio, sólo obtienen silencio y
más silencio de quienes deberían responder a sus preguntas, a sus
reclamos, a su más elemental pedido de justicia.
Pero esa enorme
diferencia está siendo superada: no sólo las víctimas muestran su
solidaridad, también la justicia argentina se muestra ahora solidaria
con las víctimas españolas. En realidad, si no lo hiciera, faltaría a un
elemental principio de coherencia: no puede seguir respondiendo a un
grupo de víctimas y no dar una respuesta al otro grupo, no puede estar
juzgando a sus propios criminales y desatender las demandas de las
víctimas españolas.
Mucho se habla de que la justicia argentina
devuelve un favor a España, cuyos tribunales, al comenzar los juicios a
los genocidas argentinos y chilenos, dieron un importante estímulo a los
tribunales de ambos países latinoamericanos para que comenzaran a su
vez a juzgar a sus propios criminales. Pero no se trata de ello. Se
trata de una obligación que la Argentina está cumpliendo no sólo ante
España sino ante toda la comunidad internacional. En realidad, es una
obligación que deberían cumplir todos los Estados que integran esa
comunidad, porque la jurisdicción internacional va acompañada del
principio de concurrencia de jurisdicciones. ¿Qué significa este
principio? Que todos los Estados son competentes para hacer respetar las
normas internacionales de derechos humanos, para impedir la impunidad
de los crímenes más graves, para juzgar a sus autores y reparar a sus
víctimas.
Por lo tanto, la justicia argentina, según los términos
jurídicos, es competente de conformidad con el principio de
jurisdicción internacional. No obstante, detrás de los términos
jurídicos, principalmente del derecho penal, se esconde siempre un
drama, una tragedia. (El derecho penal es la rama más “dramática” del
derecho). El principio de jurisdicción penal internacional es aplicable
cuando se han cometido crímenes tan graves que despiertan la indignación
de toda la comunidad internacional. Tres veces se repite la palabra:
internacional, para calificar los crímenes; internacional, para
calificar la comunidad; internacional, para calificar la jurisdicción.
¿Por qué nos movemos en el ámbito internacional?
Porque
no puede haber fronteras nacionales, ni geográficas, ni jurídicas ni
temporales que permitan ocultar la comisión de crímenes que afectan a la
humanidad entera. Ni se puede silenciar a quienes han sido víctimas de
tales crímenes.
Por ello, por todo ello, la justicia argentina
tiene abierta una causa para investigar, escuchar a las víctimas,
perseguir a los culpables del genocidio español. Concretamente, en el
Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de la jueza María
R. Servini de Cubría, se están investigando los crímenes del franquismo.
El 14 de abril de 2010, se presentó ante dicho Juzgado una querella,
muy extensa y bien fundamentada en el derecho internacional, por los
“delitos de genocidio y/o de lesa humanidad que tuvieron lugar en España
en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio
de 1977”. A los dos primeros querellantes, familiares de víctimas
españolas, y a la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (que envió un representante desde España), se unieron, también
como querellantes, diversas asociaciones civiles y de derechos humanos
argentinas, haciendo propio el dolor y haciéndose eco de la demanda de
justicia de las víctimas españolas.
La causa está abierta desde
hace más de dos años. Ha tenido que superar algunos obstáculos
jurídicos, resueltos en la apelación; y sin duda tendrá que superar
muchos otros. La causa avanza. Si bien al principio los querellantes
fueron pocos, desde febrero (con la sentencia del Supremo en el juicio
contra Garzón) los querellantes van en aumento: ya hay más de un
centenar y se prevén muchos más. La composición del grupo de víctimas es
muy variada: no hay sólo víctimas de la primera época, “paseados” y
asesinados por los falangistas, condenados a muerte por los tribunales
especiales, sin ningún tipo de garantía ni defensa, y fusilados, cuya
memoria es recordada y reivindicada por sus familias, que también han
sido victimizadas; hay víctimas directas de las cárceles y las torturas
que persistieron hasta las postrimerías del régimen. Y hay muchísimos
que han sido “los niños robados” del franquismo, que nunca han conocido a
sus padres, que tal vez incluso hoy ignoran su verdadera identidad.
Es
una causa enorme, compleja. Muchos nos señalan que es demasiado enorme,
demasiado compleja: hay muchas víctimas, hubo muchos crímenes, ha
pasado mucho tiempo. Todas estas razones que aducen algunos para olvidar
y hacer como si nada hubiera pasado, son razones poderosas para no
olvidar y hacer cuentas con lo sucedido.
La justicia no puede hacerse sin dificultad. Pero lo que no se puede de ningún modo es “no hacer justicia”.
¿Qué
valor pueden tener los derechos humanos proclamados en los tratados
internacionales suscritos por todos los países si quienes masacran a sus
propios pueblos pueden hacerlo sin que ningún tribunal de la tierra les
haga rendir cuenta de sus crímenes?
Si bien no se ha podido
concretar el esperado viaje de la jueza (por lo menos de momento), las
declaraciones que se habían previsto se harán por videoconferencias. Y
luego vendrá la etapa siguiente: las declaraciones indagatorias que
deberán prestar los posibles imputados, y así sucesivamente… la marcha
de la justicia seguirá su curso. Sin embargo, hay algo que debemos tener
presente: esa marcha en sí misma es un triunfo. Un tribunal de justicia
ha abierto sus puertas a las víctimas olvidadas, postergadas,
silenciadas.
Ana Messuti es abogada y participa en la querella argentina contra los crímenes del franquismo
