Documento con fecha sábado, 23 de marzo de 2013.
La Delegación del Gobierno no ha concedido autorización para la celebración de la marcha ´atea´ solicitada para el jueves 28 de marzo, Jueves Santo, en Madrid dado que se efectuó fuera del plazo establecido, algo que los promotores niegan y estudian la posibilidad de mantener la convocatoria pese a no tener permiso.
La marcha había sido solicitada por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) con un recorrido a realizar horas durante dos horas (cuyo inicio era fijado a las 20 horas) entre Tirso de Molina y la Plaza de Lavapiés.
La resolución de Delegación del Gobierno recuerda que la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión establece que las manifestaciones en lugares de tránsito público deben ser comunicadas con una antelación de diez días naturales, como mínimo, y treinta como máximo.
En este sentido y como el escrito de petición fue recibido el 19 de marzo, no se ha concedido la autorización para la marcha dado que, además, no se ha aludido a criterios de urgencia o causas extraordinarias. Concretamente, esa posibilidad establece que cuando concurran esas circunstancias de urgencia la comunicación podrá efectuarse con una antelación mínima de 24 horas de duración.
"En el presente caso no se ha cumplido el plazo establecido con carácter general por la Ley Orgánica de referencia, ni se han alegado, y en consecuencia no cabe presumir, las causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y posibilitarían, en su caso, la exceptuación del plazo general de preaviso", expone la resolución.
ACTUACIÓN "ANTIDEMOCRÁTICA"
ACTUACIÓN "ANTIDEMOCRÁTICA"
Por su parte, el presidente de AMAL, Luis Vega, ha asegurado que la decisión de Delegación del Gobierno "como mínimo es errónea", al sostener que la petición se hizo en plazo, y ha acusado al departamento que dirige Cristina Cifuentes de actuar de forma "unilateral, antidemocrática e incluso con posibilidades de ilegalidad" en contra del derecho de expresión y manifestación.
Vega ha recalcado que la Delegación del Gobierno emplea "tecnicismos" y "argucias legales" para intentar prohibir esta marcha "por tercer año consecutivo", a la vez que ha avanzado que interpondrá ante la propia Delegación un recurso para que rectifique su postura.
En este sentido, el presidente de AMAL ha dicho que su escrito de solicitud se registró el 18 pero que, incluso tomando como referencia el día 19, se cumpliría el plazo de antelación de diez días dado que se presentó por la mañana y la manifestación estaba previsto para las 20 horas.
Además, Vega ha reprochado a la Delegación que se convierta en "juez y parte" al manifestar que la citada manifestación "no es urgente", a la vez que ha indicado que su asociación tiene la voluntad de mantener la manifestación dado que, "por encima de cualquier argucia legal", está el derecho de libertad de expresión y manifestación. "Se impone de nuevo el yugo de la Iglesia Católica en un Estado que supuestamente es aconfesional", ha apostillado.
