Exigen el cierre de cárceles para inmigrantes en todo el Estado español
Centenares de personas se manifestaron este sábado en la ciudad de Barcelona para demandar el cierre de todas las cárceles para inmigrantes “sin papeles” que existen en el Estado español.
Distintos colectivos de abogados y
decenas de entidades civiles y ong’s, así como organizaciones defensoras
de Derechos Humanos, unidas en la “Campaña por el cierre
de los Centros de Internamiento para Extranjeros”, convocaron a una
nueva marcha de denuncia de estos centros de detención que ya son
conocidos como los “guantánamos españoles”, debido a la
vejación y a la vulneración de derechos básicos que se producen en
su interior y cuya existencia es cada vez más conocida y repudiada por
el conjunto de la sociedad.
Las muertes de varios internos en
extrañas circunstancias destaparon la realidad de los CIEs y la presión
social forzó una respuesta del Ministerio del Interior,
que propuso recientemente un borrador con un conjunto de reformas.
El Ministerio, por ejemplo, quiere
cambiar el nombre de CIE por “Centros de Estancia Controlada de
Extranjeros” (CECE). Es decir, que los extranjeros allí presentes
dejarían de ser llamados “internos” -con la connotación carcelaria
que supone y la soterrada identificación de inmigrante con delincuente-
para ser identificados como “personas que permanecen
allí hasta la resolución de sus casos”.
Otra de las medidas sería que la
Policía Nacional ciñese su tarea al ámbito de la seguridad, dejando en
manos de un administrador -una figura nueva- y de las ong’s
expertas la gestión de los centros.
La Campaña por el cierre de los CIEs
ya se ha pronunciado al respecto. Considera que son medidas de carácter
cosmético e insuficientes y pide el cierre inmediato de
estas cárceles para personas indocumentadas por ser incompatibles
con un Estado de Derecho y una democracia, donde se retiene y se priva
de libertad a personas que únicamente han cometido una
falta administrativa.
Además, los colectivos firmantes,
piden también la derogación de la Ley de Extranjería, al considerarla
una muestra más del racismo institucional que se ejerce
desde el Estado español.
